La Paz, 15 diciembre (ANF).- El Comité Cívico de Roboré convocó a un cabildo de emergencia para este domingo a las 19:30 horas en el frontis de la iglesia de Cristo Rey ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno para resolver el conflicto derivado de asentamientos y deforestación indiscriminada en la reserva de Tucavaca.
“En uso de sus legítimas atribuciones conferidas por el estatuto orgánico de la institución y en cumplimiento al mandato emanado de la Asamblea del 14 de diciembre y ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por parte del ministro de Gobierno Carlos Romero y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico firmado con nuestras autoridades locales”, señala el comunicado.
En su convocatoria, el Comité Cívico de Roboré a través de su presidente, Romel Martín Carrillo afirma que el Gobierno ha demostrado una total falta de respeto con el municipio chiquitano de Roboré del departamento de Santa Cruz, por lo que el cabildo tiene el propósito de determinar medidas para exigir al estado central el respeto a la decisión soberana de un pueblo de cuidar, proteger y sostener sus recursos y patrimonios naturales.
La dotación de 55 hectáreas por parte del Instituto de Reforma Agraria (INRA) a 36 familias que formarán parte de la comunidad Tupac Amaru, en Tucavaca una reserva forestal única en el mundo que forma parte del bosque seco de Roboré y la Chiquitanía provocó un fuerte conflicto el mes de noviembre que derivó en la quema de las instalaciones de la Policía.
En el acuerdo arribado el 18 de noviembre, el Gobierno se comprometió en un plazo máximo de 30 días a realizar una inspección técnica para verificar si efectivamente esta comunidad se encuentra dentro de la reserva. Por su parte, las autoridades municipales se comprometen a brindar las garantías correspondientes para que el personal del INRA pueda realizar la inspección.
La convocatoria se da en medio de una crisis en la gestión de tierras derivada de acusaciones por un presunto “clan Cocarico-Yana” dedicado al tráfico de tierras, así como la remoción del director del INRA, Macario Lahor, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó a Evo Morales a la repostulación indefinida, bajo el argumento de que la reelección es un “derecho humano”.
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