La Paz, 14 de enero (ANF).- La Comisión Especial Mixta que investigó la Privatización en Bolivia estableció que los gobiernos (1985-2005) armaron una “red de poder” para sostener el modelo neoliberal y posibilitar la enajenación de las empresas del Estado, generando un daño económico de más de 9.500 millones de dólares.
La Asamblea Legislativa Plurinacional recibirá este martes el informe denominado “Neoliberalismo: enajenación de empresas públicas y recursos naturales en Bolivia, 1985-2005”, la comisión pedirá la aprobación del documento que contiene 2.748 páginas en tres tomos.
Asimismo, plantea que el documento sea remitido al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para su “conocimiento y consideración en el marco de sus atribuciones constitucionales”.
El extenso documento establece entre sus conclusiones que los gobiernos anteriores a la gestión de Evo Morales conformaron una “red de poder” para sostener el modelo neoliberal y para llevar adelante los procesos de enajenación de las empresas y bienes del Estado.
“Esta red incluía mínimamente a 55 individuos, tanto del ámbito público y privado, articulados entre sí por vínculos políticos, relaciones empresariales y lazos de parentesco”, se puede leer en el documento.
Sostiene que en la red se identifican a tres personas que se constituyen en actores fundamentales, porque en torno a estas personas se formaron subredes de poder.
Señalan en primer lugar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los socios de sus empresas luego se convirtieron en funcionarios públicos, o autoridades de su Gobierno que posteriormente formaron parte de las capitalizadas.
Citan por ejemplo a Fernando Romero, Jaime Villalobos, Fernando Illanes.
También se refieren a aquellas autoridades públicas durante la enajenación que tenían familiares en la red de poder, el caso sería de Alfonso Revollo y su hermano Gabriel; Édgar Saravia y su hermano Carlos.
Identifican que el actual líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, en ese entonces ministro de Planeamiento y Coordinación y socio de Soboce, encabezó la segunda subred de poder.
Según el documento los socios de la empresa cementera también eran funcionarios públicos, citan a Fernando Romero. En diferentes modalidades de relación se refieren a: Juan Pablo Zegarra, Flavio Carlos Escobar, Carlos Saavedra Bruno y sus familiares vinculados a las capitalizadas.
La tercera subred de poder, la comisión señala que se articuló en torno a Raúl Garáfulic Gutiérrez, vinculado a empresas de medios de comunicación y otras corporaciones.
De acuerdo al informe, este proceso de enajenación de las empresas estratégicas: Ende, Entel, LAB, Enfe, YPFB, Comibol y Empresa Minera Vinto provocó un daño económico en $us 9.576 millones.
Entre 1983 y 1998 se habrían creado 212 empresas públicas, 78 pertenecían al Gobierno central, 92 a las corporaciones regionales de desarrollo, 17 a las prefecturas y 25 a las alcaldías municipales.
De las 212 empresas estatales, 107 eran productivas de las cuales 85 fueron enajenadas; 105 eran del sector de servicios de las cuales 72 fueron enajenadas.
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