La producción barata de los pequeños productores será la más damnificada por el
La Paz, 25 Mayo (ANF).- El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), lanzó este viernes una alerta para todos los pequeños y medianos agricultores que podrían verse convertidos en “agricultores por contrato” a consecuencia de la reciente aprobación del “Reglamento para operaciones de crédito agropecuario y crédito agropecuario debidamente garantizado” emitido recientemente por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
“La nueva ‘tecnología crediticia’ del gobierno de Evo Morales –que aparece como supuesta benefactora para el acceso al crédito de los productores que no estarían en condiciones de presentar garantías prendarias de maquinaria e inmuebles–, se orienta, en realidad, a beneficiar al capital comercial o agroindustrial. Claramente promueve un proceso en el que los productores agropecuarios necesitados de capital para su producción, deberán encontrar empresas comerciales o industriales dispuestas a adquirir con antelación su producción”, afirma Enrique Ormachea S., investigador del CEDLA.
Agrega que la política crediticia recientemente ofertada por la ASFI, “se orienta, por tanto, a generalizar la agricultura por contrato, es decir aquella que a partir de los ofrecimientos de acceso al crédito y mercados seguros, termina subordinando a los productores agrícolas y pecuarios, pues éstos deberán producir bajo las condiciones y precios exigidos por estas empresas”.
Sin embargo, Ormachea va más allá al afirmar que “esta política no es un planteamiento reciente de un gobierno que estaría traicionando el discurso del ‘socialismo comunitario’ tan profusamente desplegado en los últimos seis años”.
“No, el gobierno del MAS solamente ha desempolvado su Programa de Gobierno presentado para las elecciones de 2005, en el cual planteaba –tal como ordenaba el discurso neoliberal de entonces– la necesidad de fortalecer las cadenas agroproductivas, donde los pequeños productores campesinos constituyen el eslabón primario cumpliendo el rol de proveedores de materia prima barata para la agroindustria”, sentencia el investigador.
También da cuenta que cuando se aprobó la Ley Nº 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en junio de 2011, advirtieron que esa norma –presentada por el gobierno del MAS como el instrumento que permitiría el desarrollo de la economía comunitaria– “se orientaba a beneficiar a los medianos y grandes productores agroindustriales y a los campesinos ricos, en desmedro de los campesinos pobres”.
“Esta afirmación la sosteníamos al constatar que el financiamiento que contempla esta ley para las actividades productivas agropecuarias, se daría a través de créditos intermediados por las entidades privadas del sistema financiero, por lo que quienes estarían en condiciones de obtener créditos respaldados por garantías prendarias reales (maquinaria, casas, y otros) serían los empresarios y la ‘burguesía campesina’”, apunta Ormachea.
El pasado 19 de abril, la ASFI emitió el “Reglamento para operaciones de crédito agropecuario y crédito agropecuario debidamente garantizado”, cuyo objeto es el de “establecer los lineamientos y requisitos para la otorgación de créditos al sector agropecuario” y para la “clasificación como créditos debidamente garantizados”.
Ese Reglamento reitera la vigencia de “la otorgación de créditos al sector agropecuario con garantías reales hipotecarias, prendarias sujetas a registro o emitidas por un fondo de garantía o un fondo de inversión cerrado que tenga por objeto garantizar créditos”.
En criterio del CEDLA, “como lo señalábamos oportunamente, seguirá beneficiando a quienes ya acceden a financiamiento, pues disponen con las garantías reales hipotecarias suficientes; es decir, el sector agroempresarial y la cada vez más notoria fracción social compuesta por los campesinos ricos”.
La entidad de análisis económico evalúa que ese Reglamento define tres nuevos tipos de “crédito debidamente garantizado” con garantía de producción actual o futura, cuyos requisitos son: i) crédito estructurado, que “incluye la participación de un Agente de Retención de pagos, que es la empresa que compra, para acopio y/o transformación, el producto agropecuario quien es responsable de retener parte de los pagos correspondientes a la compra, con el único propósito de destinarlos al pago del crédito”.
Además, de: “ii) crédito agropecuario por producto almacenado, ‘otorgado al productor que deposita su producto en una empresa receptora de cuya venta provienen los fondos destinados a la cancelación del préstamo’, y, iii) crédito agropecuario para producción por contrato, ‘que es el financiamiento que se otorga cuando el prestatario cuente con un contrato de compra-venta suscrito con una entidad compradora, la cual hará el pago del cual provienen los fondos para efectuar la liquidación de la obligación’”.
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