La Paz, 24 de marzo de 2026 (ANF).- La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, denunció que Cuba atraviesa una “crisis humanitaria sin precedentes” como consecuencia del endurecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, al que calificó como un cerco “lamentablemente inhumano” de carácter energético, económico y diplomático.
Según Herrera, las políticas de “máxima presión” aplicadas por Washington responden a cálculos de poder político y económico que desatienden el “tremendo impacto” que estas medidas tienen sobre la población civil. En su criterio, lejos de afectar a las estructuras gubernamentales, las sanciones golpean directamente a la gente común, profundizando las condiciones de vulnerabilidad.
La activista advirtió que uno de los efectos más visibles de esta situación es el colapso de los servicios básicos. Explicó que la escasez de combustible ha provocado apagones prolongados y fallas generalizadas en el sistema eléctrico, lo que impide el funcionamiento normal de hospitales y otros servicios esenciales.
“Se está generando una situación crítica donde no se pueden sostener servicios vitales”, alertó en contacto con ANF.
En esa línea, Herrera sostuvo que se están vulnerando derechos fundamentales “a vista y paciencia del mundo”, entre ellos el derecho a la vida, la salud y el acceso al agua. También mencionó la creciente escasez de alimentos y las dificultades para acceder a atención médica, factores que agravan el sufrimiento cotidiano de la población cubana.
El pronunciamiento de la Asamblea de Derechos Humanos se suma a la preocupación expresada por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos. Esta organización denunció que la intensificación del bloqueo constituye un acto inhumano que afecta directamente a los sectores más vulnerables, comprometiendo servicios esenciales como la salud, el acceso al agua y el suministro de combustible.
De acuerdo con esta red, las restricciones impactan de forma crítica en la atención médica, incluyendo el funcionamiento de unidades de cuidados intensivos y la producción de vacunas, generando un escenario de desabastecimiento que pone en riesgo la vida. Incluso advierten que el nivel de sufrimiento provocado podría equipararse a prácticas de maltrato colectivo, al afectar de manera sistemática a toda una población.
El pronunciamiento también cuestiona el rol de Estados Unidos en el escenario internacional, señalando una contradicción entre su discurso democrático y sus acciones, que —afirman— vulneran el derecho internacional y los derechos humanos. En ese sentido, alertan que el comportamiento de un Estado que actúa “por encima de la ley” representa un riesgo para la convivencia global.
Las organizaciones firmantes subrayan que el debate sobre Cuba no debe centrarse en posiciones ideológicas, sino en la defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación.
Asimismo, recuerdan que en octubre de 2025 la Asamblea General de la ONU aprobó por trigésima tercera vez consecutiva una resolución que exige el fin del bloqueo, con un respaldo mayoritario de la comunidad internacional, lo que evidencia el aislamiento de la política estadounidense en este tema.
Este escenario se enmarca en la política impulsada por el gobierno de Donald Trump, caracterizada por una estrategia de presión económica y diplomática orientada a provocar cambios de régimen en la isla. Bajo el argumento de la “seguridad nacional”, su administración ha endurecido el embargo, reactivado sanciones, restringido viajes y remesas, e incluso sancionado a países que suministran petróleo a Cuba, profundizando la crisis energética.
En 2026, esta política se ha intensificado con medidas más agresivas y declaraciones polémicas, en las que el propio Trump ha afirmado que puede hacer “lo que quiera” con Cuba y ha amenazado con cortar completamente el suministro de recursos. Estas acciones han sido ampliamente cuestionadas por expertos internacionales, quienes consideran que la supuesta amenaza que representa Cuba para Estados Unidos carece de fundamento.
Desde distintos ámbitos —incluyendo organismos internacionales, figuras políticas y analistas— se ha señalado que la narrativa de seguridad es desproporcionada y responde más a objetivos geopolíticos que a riesgos reales. Incluso se ha advertido que esta doctrina de intervención podría constituir una amenaza para la paz mundial y una vulneración del derecho internacional.
Frente a este contexto, Herrera hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, especialmente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Unión Europea, para que se pronuncien y actúen de manera inmediata.
“Rechazamos cualquier forma de presión estatal que atente contra el derecho a la vida”, enfatizó.
La representante sostuvo que la gravedad de la situación en Cuba debería generar una reacción internacional inmediata, ya que el cerco impuesto está provocando un sufrimiento extremo en la población. “No se puede seguir ignorando una crisis humanitaria de esta magnitud”, concluyó.
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