La Paz, 19 de julio de 2026 (ANF). - A un mes de la aplicación del estado de excepción en el país, la Defensoría del Pueblo no evidenció hechos de vulneración de derechos humanos o la detención arbitraria de personas que habrían infringido la disposición.
“Emergentes de la aplicación del estado de excepción, no hemos registrado incidentes de esa naturaleza. Los procesos y las detenciones que se han dado son de situaciones anteriores a la aplicación del estado de excepción. Eso también lo tenemos con claridad de esta situación”, informó a la ANF el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La madrugada del 20 de junio y luego del acuerdo con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, el presidente Rodrigo Paz declaró estado de excepción por 90 días en todo el territorio nacional.
El objetivo era restablecer el libre tránsito, garantizar el abastecimiento de productos esenciales a La Paz, que fue la más afectada por las medidas de presión, y levantar el bloqueo de carreteras.
La Constitución Política del Estado (CPE) le faculta a la Defensoría del Pueblo realizar seguimiento a las acciones que se produzcan durante el estado de excepción, con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos.
En ese sentido, el defensor indicó que se están realizando monitoreos recurrentes sobre las acciones que ejecutaron las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Incluso visitaron hospitales y recintos carcelarios para identificar posibles afectados.
“Tenemos verificaciones en hospitales, en centros de detención, en carreteras. En fin, no hemos encontrado nada que pueda llamar la atención. Efectivamente, el estado de excepción ha tenido un carácter muy disuasivo, así que en muchos casos los bloqueos han sido abandonados”, señaló.
Con relación a la aprehensión de dirigentes que organizaron las movilizaciones, el defensor aclaró que fueron procesados por casos abiertos antes de la declaratoria y no durante el periodo de restricción.
“Ha habido en este periodo último aprehensiones de algunos dirigentes. Por la investigación que nosotros hemos realizado, son emergentes de procesos anteriores a la situación de estado de excepción”, puntualizó.
Sobre el proceso contra Wilma Alanoca, exministra de Culturas del gobierno de Evo Morales, dijo que, si bien hizo una declaración incitando a romper el estado de excepción, fue liberada bajo medidas sustitutivas.
La medida fue dispuesta ante las movilizaciones y bloqueo de carreteras que impulsaron sectores afines a Evo Morales, la Central Obrera Boliviana (COB) y los campesinos que, inicialmente, pidieron la atención a sus demandas y días después exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
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