La Paz, 18 de mayo de 2026 (ANF).- La toxicología en Bolivia atraviesa una crisis estructural marcada por la falta de especialistas, la ausencia de registros oficiales y una severa carencia de laboratorios capaces de detectar intoxicaciones complejas, según lo advirtió Ramiro Cadima, toxicólogo del Hospital Viedma, quien sostuvo que la especialidad sobrevive gracias al esfuerzo de un reducido grupo de profesionales y al apoyo de organismos internacionales, mientras el Estado mantiene vacíos persistentes en formación, vigilancia y atención.
“El país tiene apenas seis toxicólogos reconocidos por el Ministerio de Salud”, alertó Cadima a ANF al describir un escenario que considera insuficiente para responder a los crecientes riesgos químicos y ambientales que enfrenta la población.
Según explicó, estos especialistas se concentran principalmente en hospitales de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, mientras que en La Paz recién se incorporó una profesional que aún no cuenta con un ítem oficial.
Ante la falta de una estructura estatal sólida, los especialistas se organizaron en la Red de Toxicología Bolivia, desde donde impulsan capacitaciones y coordinaciones para atender emergencias y compartir conocimientos.
Cadima señaló que uno de los problemas más graves es la ausencia de la toxicología en la formación universitaria de medicina. De acuerdo con su análisis, ni las universidades públicas ni privadas incluyen esta materia como parte obligatoria de la currícula, lo que provoca que muchos médicos no identifiquen adecuadamente cuadros de intoxicación.
“Hay subregistros y diagnósticos erróneos porque muchos profesionales no consideran la toxicología como una posibilidad clínica”, explicó. El especialista indicó que esta omisión afecta incluso a médicos en formación de áreas como medicina interna y terapia intensiva.
El toxicólogo remarcó además que la disciplina se ha diversificado en múltiples áreas, entre ellas la toxicología clínica, forense, ambiental y alimentaria, por lo que considera urgente que el Ministerio de Salud exija su incorporación en las universidades.
A esta situación se suma la inexistencia de estadísticas nacionales confiables sobre intoxicaciones. Cadima afirmó que el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) prácticamente no cuenta con datos sobre estos casos, lo que dificulta dimensionar la magnitud del problema y diseñar políticas públicas.
El médico relató que durante años elaboró fichas epidemiológicas para registrar intoxicaciones, pero abandonó esa tarea ante la falta de interés institucional. “No había respuesta ni acciones concretas”, señaló.
Actualmente, según explicó, es la Organización Panamericana de la Salud la que impulsa la creación de registros epidemiológicos, inicialmente enfocados en envenenamientos por animales ponzoñosos y posteriormente en casos vinculados a plaguicidas.
a precariedad también alcanza a la infraestructura tecnológica. Cadima sostuvo que Bolivia no dispone de laboratorios acreditados capaces de medir con precisión la presencia de metales pesados o residuos de plaguicidas en el organismo.
Explicó que estudios especializados para detectar sustancias como el glifosato requieren patrones de búsqueda que pueden costar cerca de 3.000 dólares, además de equipos de cromatografía altamente costosos. Debido a ello, muchos análisis deben ser financiados por los propios pacientes o simplemente no se realizan.
El especialista advirtió que la problemática se vuelve más compleja debido al incremento de intoxicaciones crónicas asociadas a la contaminación ambiental. Indicó que, históricamente, la toxicología boliviana se concentró en intoxicaciones agudas atendidas en emergencias, pero actualmente crecen los casos relacionados con exposición prolongada a metales pesados.
Cadima mencionó especialmente el impacto del mercurio utilizado en la minería aurífera, cuyos efectos ya afectan a poblaciones indígenas de la Amazonía y los Yungas. Estos casos, explicó, requieren tratamientos prolongados y equipos multidisciplinarios integrados por psicólogos, nefrólogos y hematólogos, además de medicamentos específicos que muchas veces no están disponibles en el país.
Para el especialista, la falta de políticas públicas integrales deja a la población expuesta a riesgos químicos crecientes sin sistemas adecuados de vigilancia, prevención ni tratamiento oportuno.
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