La Paz, 29 de mayo de 2026 (ANF).- Pacientes con epilepsia atraviesan una situación crítica marcada por la escasez de medicamentos, el incremento de precios y la falta de equipos médicos para diagnósticos especializados. Así lo denunció Juan Quijo, representante de enfermos con epilepsia, quien advirtió que la crisis económica y los conflictos sociales han agravado las dificultades que enfrenta este sector para acceder a tratamientos indispensables.
Quijo explicó que el principal problema es el desabastecimiento de medicamentos específicos para controlar las crisis epilépticas, muchos de los cuales deben ser consumidos de manera permanente. Según indicó, la interrupción del suministro se profundizó debido a los bloqueos de carreteras y las dificultades de importación.
“El paciente con epilepsia no puede suspender su tratamiento porque pone en riesgo su vida. Estamos viendo que los medicamentos no llegan y, cuando aparecen, tienen precios imposibles de pagar”, afirmó a ANF.
Entre los ejemplos citados por el dirigente se encuentra el incremento del precio del Levetiracetam, uno de los fármacos más utilizados para tratar esta enfermedad, cuyo costo habría subido de 890 a 1.100 bolivianos en los últimos meses.
Quijo también cuestionó la limitada cobertura estatal para este tipo de tratamientos. Señaló que el sistema público entrega principalmente medicamentos antiguos, como la Carbamazepina, utilizados desde hace décadas y que, según explicó, ya no son recomendados por muchos especialistas en neurología. Sin embargo, sostuvo que actualmente ni siquiera esos fármacos básicos están llegando de manera regular a los pacientes.
A esta situación se suma la falta de equipamiento en hospitales públicos. El representante de los pacientes denunció que el Hospital de Clínicas, considerado un centro de referencia, no cuenta con un equipo de resonancia magnética operativo, lo que obliga a los enfermos a acudir a centros privados y asumir costos elevados.
Asimismo, indicó que el único equipo de electroencefalograma disponible se encuentra deteriorado y que el Hospital del Niño enfrenta carencias similares, afectando especialmente a menores de edad que requieren diagnósticos tempranos y seguimiento especializado.
“El médico puede atendernos, pero sin equipos adecuados no hay un diagnóstico correcto. Muchos pacientes terminan esperando meses o gastando dinero que no tienen”, lamentó.
El dirigente expresó además preocupación por el debate de un proyecto legislativo en el Senado, identificado como Ley 2023, que plantea clasificar la epilepsia en distintos grados de severidad. Aunque actualmente las personas con esta condición pueden acceder a un carnet de discapacidad general, Quijo considera que las prioridades del Estado deberían centrarse en garantizar medicamentos y atención médica antes que impulsar nuevas categorías legales.
La problemática, según explicó, es todavía más grave en áreas rurales, donde persisten estigmas culturales alrededor de la enfermedad. Quijo aseguró que muchas familias esconden a los pacientes por temor o por considerar la epilepsia como algo “maligno”, situación que deriva en abandono y falta de tratamiento oportuno.
También alertó sobre la ausencia de hospitales de tercer nivel y de personal capacitado en comunidades alejadas, donde el manejo especializado de la epilepsia es prácticamente inexistente. De acuerdo con estimaciones del sector, en Bolivia existirían al menos dos personas con epilepsia por cada mil habitantes.
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