La Paz, 17 de diciembre (ANF).- El 25 de agosto, centenares de indígenas de pueblos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija iniciaron una marcha desde Trinidad hasta la capital cruceña en rechazo de más avasallamientos en sus territorios. Hoy, representantes jóvenes de estas regiones ratifican estos hechos y demandan mayor atención de las autoridades para detener este tipo de ingresos.
“En nuestros territorios existen bastantes amenazas y justamente hoy vemos que son muchos pueblos de varias regiones que están sufriendo avasallamientos por parte de empresas mineras y ese es nuestro desafío a enfrentar”, dijo a ANF, Margarita Charupa Chuve de la nación Monkoxi de Lomerío (Chiquitanía).
Hace unos días más de 80 jóvenes, mujeres y hombres, de los pueblos indígenas del Chaco y Chiquitanía de Santa Cruz y de la Amazonía Norte y de la Amazonía Sur del Beni se reunieron y emitieron un manifiesto de nueve puntos en los que reivindican la recuperación de sus identidades a partir de sus organizaciones, la educación e idioma; así como en la consolidación y el cuidado de los territorios.
“Somos jóvenes indígenas Chácobos, Chiquitanos, Cavineños, Ese Ejjas, Guaraníes, Mojeño ignacianos, Mojeño trinitarios, Movimas y Tacanas que representamos a nuestros pueblos y organizaciones y en ese marco, nos anima y nos alienta un espíritu reflexivo y propositivo para emprender un proceso de fortalecimiento a nuestras organizaciones desde las comunidades, los territorio, los pueblos, a partir de nuestro ser y nuestra identidad de jóvenes indígenas”, indican en documento.
Estos jóvenes debatieron también temas ligados a los avasallamientos y nuevamente rechazan el incremento de ingresos irregulares a sus pueblos.
“Es lamentable que suceda esto en nuestros teritorios indígenas. Como jóvenes nos damos cuenta de tantos avasallamientos por parte de terratenientes y de que seguimos siendo vulnerados como pueblos indígenas del norte amazónicos. Por eso estamos determinando organizarnos nuevamente y enfrentar esto de manera articulada”, manifestó por su parte Constantino Tolero Ortíz, representante del pueblo Chácobo (Amazonía Norte-Beni).
Diferentes gestiones dejaron de lado a los indígenas
De acuerdo a un estudio del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), los pueblos indígenas en Bolivia atraviesan por fuertes tensiones y amenazas en lo que respecta a la tierra y el territorio.
Por ejemplo, un informe de esta organización da cuenta que en el periodo 2011 - 2020, por diversos factores (principalmente políticos), el avance en el reconocimiento del derecho propietario de las tierras comunitarias a favor de indígenas fue casi inexistente.
“En este contexto, la débil institucionalidad del INRA, caracterizada por un manejo poco transparente en los últimos años, favoreció al agro, sectores vinculados al gobierno del MAS, y a funcionarios públicos, como el ex ministro Branko Marinkovic en el gobierno de Jeanine Añez”, da cuenta a través de un artículo Juan Pablo Marca es sociólogo e investigador del CEJIS.
También señala que el gobierno central después del conflicto por el TIPNIS el 2011 tomó la decisión política “de dilatar el saneamiento de los territorios indígenas de tierras bajas y priorizar su alianza con los sectores agroempresariales, acelerando sus procesos de titulación”.
Marca detalla que en la Amazonia, Chiquitanía y Chaco, los avasallamientos a los territorios “son realizados tanto por colonizadores, ganaderos, madereros, cocaleros, castañeros y que su mayor amenaza es la profundización del modelo de desarrollo extractivista defendido por el gobierno central, los gobiernos departamentales y los comités cívicos que asalta y presiona a sus territorios, induciendo a una explotación y aprovechamiento acelerado de la tierra en el país a través de la ampliación de la frontera agrícola; mediante el chaqueo, la deforestación y la implementación de proyectos de inversión que no consideran las medidas de cuidado asumidas por las comunidades indígenas para resguardar su territorio”.
Indígenas en riesgo por la expansión de la frontera agrícola
Los representantes indígenas denunciaron que muchos de estos avasallamientos también se deben a la expansión de la frontera agrícola y particularmente a causa de la producción de soya.
Por ejemplo, datos de la Fundacion Tierra de agosto de este año, detallan que las comunidades indígenas 16 de Marzo (guaraní) en San Julián, provincia Ñuflo de Chávez; Cupesí Poza Verde (ayorea) del municipio de Pailón; Cruz Blanca y Candelaria (chiquitanas), ambas del municipio de San José de Chiquitos, están en un riesgo alto a raíz de las actividades del agronegocio de la soya en Santa Cruz.
“Al ser poblaciones reducidas en número de familias y casi aisladas unas de otras, el avance de los intereses económicos es imparable y tiene consecuencias incalculables en términos de pérdida de hábitat, territorio, cultura, base económica y otros”, se detalla en un informe de esta institución sobre “Despojo de tierras de comunidades por el agronegocio boliviano”.
La marcha que partió desde Trinidad hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, establecía en sus denuncias que muchos de los casos de avasallamientos dentro de sus territorios era de los denominados interculturales y con el aval de las autoridades. Según dirigentes de tierras bajas, est5e sector de los interculturales lograron durante varios años consolidar la apropiación y titulación de tierras en sus zonas, vulnerando sus derechos como pueblos indígenas.
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en relación a la tenencia de la tierra a nivel nacional se establece que los empresarios (grandes y medianos) tendrían 13,6 millones de hectáreas (15%), los campesinos e interculturales (o colonizadores) 24, 8 millones de hectáreas (28%), los pueblos indígenas 24,3 millones de hectáreas (27%) y, la extensión de la tierra fiscal es de 26,7 millones de hectáreas (30%) y “de ellas solo faltarían un 13% de la superficie por titular, en ese contexto 5.747.690 hectáreas se encontrarían en proceso de titulación y 6.994.661 hectáreas se hallarían paralizadas por algún tipo de conflicto”, especificó el investigador del CEJIS.
Marca concluyó en su análisis, que el 90% de la tierra en el departamento de Santa Cruz estaría saneada y solo faltaría el 10% por titular y el excedente de la tierra, estaría disputado por tres sectores: los empresarios que tendrían el 19% (6,2 millones de hectáreas), los campesinos e interculturales tendrían el 16% (5 millones de ha), los indígenas tendrían el 16 % (5,3 millones de ha) y las tierras fiscales serian el 49% (15,9 millones de ha).
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