La Paz, 4 de marzo (ANF).- Ante las permanentes quejas y denuncias de los usuarios de las empresas de AXS Bolivia, Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y Tigo, el Gobierno resolvió regular los costos del servicio de Internet y que sea el Estado a través de la ATT que fije las tarifas en aplicación de la ley 164.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que este martes se instalará una mesa técnica entre este despacho y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), para la regulación de las tarifas de todas las empresas operadoras y proveedoras del servicio de Internet.
“Bolivia es el único país donde no está regulado ni fijado el precio del internet, entonces las empresas que tienen el monopolio del servicio de internet determinan los precios, imponen los precios al margen del Estado, cuando la ley 164 establece que la ATT debe fijar las tarifas y precios de las telecomunicaciones, que no lo hacen”, declaró Silva a la ANF.
El artículo 43 de la mencionada norma, establece que el nivel central del Estado a través de la ATT “regulará el régimen general de tarifas y precios a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, provistos en todo el territorio nacional, independientemente de su cobertura, de acuerdo a condiciones y metodologías establecidas en el reglamento de la ley”.
Silva dijo que hay “permanentes quejas” respecto el mal servicio y los cobros “irregulares” en los que incurrirían las empresas proveedoras del servicio, citó a Tigo, AXS y Entel.
Ejemplificó, que en el caso de AXS, el pago es por adelantado, pero ante un servicio deficiente o cortes del internet, la empresa no se hace cargo porque el pago ya se lo hizo y no hay forma de reponer el perjuicio ocasionado.
En el caso de Entel, observó que ante un corte por falta de pago y si no se cancela por ese tiempo, de todas maneras, sigue corriendo la cuenta “como si le dieran el servicio”, la empresa le cobra “por un servicio no prestado”.
Sobre Tigo, primero observó que no suscriben contratos con los usuarios, el acuerdo es vía llamadas telefónicas; segundo, dijo que este elemento posibilita que incrementen los precios de sus paquetes cualquier momento, porque no hay forma de reclamo. Por ejemplo, si compra un paquete A, con 240 canales por Bs 180, unos meses después sube a Bs 210. El incremento es automático. Además de otras quejas.
En esta mesa de trabajo también se revisará el decreto supremo de 2003 en el que está establecido el procedimiento de reclamos y quejas que ha quedado “caduco” y amerita su actualización, sostuvo.
Por otro lado, también se analizará la norma que regula el trabajo de las Odecos, que se constituyen en juez y parte, porque son unidades que dependen de las empresas, por lo tanto, no asumen defensa de los consumidores, sino que, a través de sus procedimientos el usuario termina cansado de hacer sus reclamos.
Silva, informó que se pondrá en vigencia el artículo 59 de la ley 169 referida a las obligaciones de las empresas operadoras y proveedoras, que en casos de emergencia “deben proveer gratuitamente los servicios” de telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación. “Estamos en emergencia, por lo tanto, esos servicios deberían ser gratuitos. No están cumpliendo y vamos a buscar los mecanismos de sanción o para que den cumplimiento”, sostuvo.
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