///Evaluación de fin de año///
La Paz, 30 Dic. (ANF).- El presidente Evo Morales, encontró el mejor mecanismo para neutralizar y eliminar a sus eventuales opositores políticos y regionales por medio de la “judicialización de la política”, es decir, usar la justicia para amedrentar y acallar a cualquier persona o institución que estorbe a su “revolución democrática y cultural”, asegura legisladores y dirigentes cívicos de oposición.
Señalan que para cumplir su propósito cuenta como brazos operadores en la Contraloría General del Estado, el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y el Ministerio Público.
La judicialización de la política, en criterio de los analistas, tiene consecuencias no solo sobre los derechos y garantías políticas de las personas, sino también sobre la democracia, porque la limita en su sentido conceptual de no permitir a los eventuales oponentes expresarse, dentro del marco de la crítica política, que se diferencia del insulto o la chicana.
Tras las elecciones de diciembre de 2009, logró reunir todo el poder, en base a los dos tercios, lo que le sirvió para sentar precedente contra quienes observan y cuestionan su política social y económica.
Recompuso el diezmado Poder Judicial con la designación de 18 magistrados, cinco de ellos suplentes, lo que le dio el control pleno del Poder Judicial. Asimismo designó a los nueve fiscales de Distrito, todos, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
La reacción del Gobierno tomó cuerpo y fuerza a partir del denominado “golpe cívico prefectural” ocurrido entre los meses de julio y septiembre de 2008. En ese período el país vivió una convulsión social en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, donde los descontentos y “antimasistas” tomaron instituciones públicas e impidieron la llegada del Mandatario.
En septiembre de 2008, el ex prefecto Leopoldo Fernández, fue arrestado y acusado de ser el responsable de los hechos en el Porvenir (11 de septiembre de 2008), donde fallecieron 13 personas y más de un centenar resultaron heridas. Fue trasladado a la ciudad de La Paz para que responda por delitos de lesa humanidad en un juicio oral, junto a otras 25 personas.
CASO TERRORISMO: La población conoce el denominado “caso terrorismo”, a partir de la muerte de Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Micheal Dwyer, ocurrido el 16 de abril, de 2009, en el hotel Las Américas, de la ciudad de Santa Cruz.
Este proceso fue para poner en raya a los prefectos y políticos de la oposición. Con este caso empieza “una cacería de brujas” a empresarios, cívicos y ganaderos, muchos de los cuales tienen que salir del país, como el caso de Branco Marincovik, Guido Nayar o Alejandro Melgar.
El fiscal, Marcelo Soza, jefe de las investigaciones en el caso Rózsa, también denominado terrorismo, imputó a 39 personas, liberó de culpa a 10 e identificó a 18 prófugos.
Los imputados son: Mario Francisco Tadic Astorga, Elöd Tóazó, Juan Carlos Guedes Bruno, Ignacio Villa Vargas, Alcides Mendoza Masahui, Alejandro Elafio Santiesteban, Mario Antonio Herrera Sánchez, Roberto Eduardo Justiniano Añez, Hugo Paz Lavadenz, Hugo Melquiades Vásquez, Svonko Matcovik Rivera, Marco Antonio Monasterio Mariscal, Juan Carlos Velarde Roca, Lucio Añez, Zoilio Salses, Gary Prado Salmón, Carlos Eduardo Pereira Pérez, Ronald Enrique Castedo, Juan Alberto Kudelka Salles, Alberto Melgar Villarroel, Branko Marinkovic, Guido Eduardo Nayar Parada, Mario Antonio Paniagua Alpire, Gelafio Santiesteban Mercado, Juan Carlos Santiesteban López, Alejandro Melgar Pereira, Hugo Antonio Achá Melgar, Alejandro Brown Ibañez, Luis Alberto Otalo Vaca, Ronny Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza, Lorgio Balcazar Arroyo, David Cejas López, Héctor Renato Laguna Paniagua, Pablo Humberto Costas Aguilera, Mario Adolfo Brun, Luis Orlando Justiniano, Juan Carlos Velarde, y Juan Alberto Tórrez Céspedes.
PROCESOS A OPONENTES: En septiembre de 2009, previo a las elecciones de diciembre, el MAS empieza a imprimir procesos contra candidatos entre ellos a Manfred Reyes Villa, arraigado a pesar del pedido de las organizaciones internacionales de hacer una pausa al problema judicial. Se va a EE.UU lo que es calificado por el Gobierno como una fuga y supuesta admisión de culpa. Según Evo Morales, “el que nada tiene nada debe…”.
El 10 de junio, el alcalde de Quillacollo Cochabamba, Héctor Cartagena Chacón, fue suspendido y obligado a renunciar a su cargo, por supuestos malos manejos económicos en esa comuna.
El 19 de julio tras ser suspendido, el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón, presentó su renuncia irrevocable al cargo ante el Concejo Municipal. Barrón fue acusado por el caso de la humillación a campesinos en mayo de 2008. Tras estar detenido en la cárcel de San Roque ahora goza de arresto domiciliario.
El turno de autoridades opositoras suspendidas por enfrentar acusaciones penales fue del ex alcalde de Potosí, René Joaquino (AS), quien tras ser suspendido por el Concejo de ese municipio lo sentenciaron a tres años de cárcel, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la compra de autos usados en 2006.
El 16 de diciembre, Mario Cossío fue el primer Gobernador suspendido en aplicación del artículo 145 de la Ley de Autonomías, por el caso de la compra irregular de asfalto, provocando un daño económico de Bs 1,3 millones al Estado. Desde el 24 de diciembre la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) le otorgó el “refugio provisorio”.
El 22 de diciembre, la juez Dalia Pedraza ordenó la detención preventiva, en la cárcel de Palmasola del alcalde de Cotoca, Wilfredo Áñez, acusado de daños económicos al Estado. Áñez, llegó a la Alcaldía de la ‘mano’ de la agrupación ciudadana Verdes, es acusado por supuestos delitos de destrozos y daños al Estado, durante una toma a la tranca de Guapilo.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, se benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva por el juez Quinto de Instrucción en lo Penal Cautelar, Ricardo Maldonado, quien dispuso su arraigado, el pago de 100.000 bolivianos como fianza, presentarse cada 15 días a firmar el libro en dependencias judiciales y está prohibido de tomar contacto con otras personas vinculadas por el supuesto caso de irregularidades en el cobro de gastos reservados.
El gobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori, por resolución de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Trinidad, deberá ser procesado en la vía penal ordinaria por la denuncia de supuesta corrupción que pesan en su contra, las que datan de cuando era todavía Prefecto de ese departamento.
También el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, debe responder por los recursos que utilizó en el referéndum autonómico de mayo de 2008, además de la denuncia por desacato que interpuso el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera y del fiscal Marcelo Soza.
Todos los procesos fueron calificados como políticos y digitados desde Palacio Quemado, con el único fin de marginarlos de la vida política.
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