La Paz, 19 de enero de 2026 (ANF).- El descuento del 20% en la tarifa de electricidad para personas adultas mayores no es una medida reciente ni una política nueva del actual Gobierno, sino un derecho vigente desde hace casi tres décadas, recordó Félix Larrazabal, expresidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo). La aclaración surgió luego de que la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) difundiera información sobre este beneficio como si se tratara de una disposición reciente.
Larrazabal explicó que este descuento tiene su base legal en la Ley 1886, promulgada en 1998, y en la Ley 369, de 2013, normas que obligan a las empresas proveedoras de servicios básicos, tanto públicas como privadas, a aplicar una rebaja del 20% en el consumo de electricidad y agua.
“Este derecho tiene entre 28 y 30 años de vigencia y se aplica de manera más concreta desde hace unos 13 años”, precisó en contacto con ANF.
El beneficio alcanza a los primeros 100 kilovatios hora (kWh) de consumo mensual y está dirigido exclusivamente a personas adultas mayores propietarias de una vivienda. El descuento se aplica a un solo medidor, que debe estar registrado a nombre del beneficiario, dijo Larrazabal.
Para acceder, el adulto mayor debe presentar una fotocopia de su cédula de identidad y su última papeleta de pago del servicio eléctrico. Larrazabal recomendó realizar el trámite a inicios o a finales del año para asegurar que el descuento se aplique de forma continua durante los 12 meses.
No obstante, el expresidente de Anambo reconoció que durante años el cumplimiento fue irregular. “Muchas empresas no aplicaban el descuento o lo hacían de manera incorrecta, con montos mínimos de apenas 7 u 8 bolivianos”, señaló.
A ello se sumó el desconocimiento de gran parte de los adultos mayores, que no sabían de la existencia del beneficio o de los pasos necesarios para hacerlo efectivo.
Actualmente, según Larrazabal, en ciudades como Sucre el descuento ya se cumple de manera adecuada. Indicó además que viene socializando esta información en distintos departamentos y provincias del país, recordando que la normativa es de cumplimiento obligatorio incluso para las empresas privadas.
“No es un favor ni una concesión, es un derecho adquirido por ley”, concluyó.
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