14 de septiembre, 2015 - 17:40
Senador Oscar Ortiz - Foto: Unidad Demócrata
La Paz, 14 de septiembre (ANF).- El presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara Alta, el opositor Oscar Ortiz, solicitó a las autoridades “extremar esfuerzos” para la recuperación y conservación de las piezas arqueológicas de la cultura guaraní que fueron encontradas durante una actividad petrolífera realizada en la zona de Caraparicito donde se encuentra ubicada la planta de gas de Incahuasi.
Dirigentes guaraníes denunciaron que la empresa Total removió los restos óseos de un lugar considerado sagrado para la cultura guaraní, donde se encuentra el cementerio ancestral de la zona de Alto Parapetí, y donde se descubrieron piezas cerámicas, objetos de piedra y conchas que resultaron ser restos arqueológicos de sus antepasados.
“Como comisión hemos dejado claro al Ministerio de Culturas, de Hidrocarburos, YPFB y a la empresa petrolera que vamos a fiscalizar, desde la Asamblea Legislativa, para que se dé un trato adecuado y se preserve este patrimonio invaluable, y al mismo tiempo que se constituya un precedente para evitar daños a todos los hallazgos de este tipo, tomando las medidas necesarias antes de iniciar trabajos de exploración de hidrocarburos y minería”, explicó Ortiz.
Se trata de 78 restos óseos y diversas piezas arqueológicas de la cultura guaraní que datan entre 2.300 y 1.800 años de antigüedad, que fueron encontrados por la petrolera Total en el campo de Incahuasi, en la zona de Caraparicito (provincia Cordillera de Santa Cruz).
Mediante un comunicado se informó que Ortiz, acompañado por una comisión de diputados, en días pasados realizó una inspección en el lugar del hallazgo para verificar el estado de los restos y objetos arqueológicos.
Entonces el asambleísta de la oposición explicó que como parte de las medidas de resarcimiento, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) pidió que se construya un centro de interpretación que refleje el valor de las piezas encontradas y se declare al lugar como sitio sagrado, mientras que el Estado promueve su declaratoria como patrimonio nacional.
“Los arqueólogos recomiendan que los restos no deben ser reenterrados, porque se perdería todo el hallazgo. Lo que se debe hacer es preservarlos para que las generaciones posteriores puedan apreciar su valor y la forma cómo se vivía en las tierras bajas del oriente boliviano hace 2.300 años”, manifestó el parlamentario.
En julio los dirigentes indígenas del sector señalaron que la empresa estaba “violentando su territorio y su cultura”, por lo que se declararon en estado de emergencia y pidieron la intervención de las autoridades, así como el retiro de Total del sitio sagrado, pedido que no se concretó.
/MAMP/RPU/
