La Paz, 24 de agosto de 2025 (ANF). - La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, calificó como una medida política el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar la situación legal, respecto a la detención preventiva, de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Añez.
“Aquí creo que la explicación es clara, es más una medida política, la asumimos como una medida más política, porque esta es una decisión que viene después de las elecciones y no antes, porque solo es para tres personas que representan un movimiento posiblemente político”, afirmó la autoridad.
La semana pasada, el TSJ instruyó a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) revisar, en un plazo de 24 horas, los procesos donde existe una detención preventiva contra Añez, Camacho y Pumari. Incluso, el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz fijó audiencia para este lunes en cumplimiento a esa disposición.
Asimismo, Arraya cuestionó que esa disposición no se haya aplicado para el resto de la población carcelaria, dijo que más del 60% de los privados de libertad tienen detención preventiva y en muchos casos el plazo ya se cumplió.
“Tenemos en el sistema penitenciario aproximadamente el 60 por ciento de la población carcelaria que tiene esa medida cautelar de detención preventiva, personas que han pasado el tiempo de la sanción que dispone el código penal. Este instructivo debió ser universal, un instructivo que esté dirigido a priorizar la revisión de estos plazos de la medida preventiva”, señaló.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo también se pronunció en la misma línea y recordó que hasta junio de esta gestión el 58,2% de 33.274 privados de libertad en las cárceles de Bolivia, se encuentran con detención preventiva.
De manera paralela, el representante de los privados de libertad de Villa Busch de Pando, Edwin Paz, pidió que esa medida se aplique para el resto de los reclusos y consideró que el Tribunal se parcializó con los tres políticos.
“El Tribunal Supremo de Justicia está parcializándose por tres personas, tenemos las cárceles hacinadas y existe retardación de justicia. Nosotros estamos indignados y sentimos que hay una discriminación, la justicia no está tratando a todos por igual”, dijo el dirigente a medios estatales.
En respuesta al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el exidirigente cívico Marcos Pumari cuestionó su posición y le reclamó que no haya asumido ninguna acción frente a la vulneración de derechos del que fueron objeto a lo largo de la detención preventiva.
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