Reynaldo Ramírez: Luché con todas mis fuerzas por justicia, pero mi caso quedó en la impunidad

Pasó más de dos años en la cárcel de Palmasola sentenciado por feminicidio. Obtuvo su libertad gracias al accionar de sus dos hermanos que se dedicaron a buscar al verdadero responsable de la muerte de la mujer que a él le atribuían. Pidió castigo para sus abusadores y resarcimiento por el daño sufrido. Pero la “complicidad” que existe entre autoridades del sistema judicial a nivel corporativo impidió que eso ocurra. 

“Mi caso quedó impune”, dice Reynaldo desesperanzado, en contacto con ANF. “He luchado hasta lo último contra los Jueces y fiscales que me acusaron y sentenciaron, injustamente. Y lo mismo con los policías que me torturaron. Pero teniendo ellos a los jueces, fiscales y policías de su lado, me era imposible ganarles, más aún, estando lejos de mi tierra, Cochabamba”.

Pasaron tres años desde que Reynaldo inició el proceso judicial en contra de los jueces Mary Janeth Mojica y Luis Paz Casupá, por la sentencia infundada, y en contra del fiscal fue Marcelo Delgadillo, que sostuvo la acusación por feminicidio, pese a que todas las pruebas señalaban lo contrario. Ninguna de las exautoridades pisó la cárcel pese al grave delito. Los cinco policías que participaron en su retención indebida –no hubo orden de aprehensión- y tortura fueron liberados de culpa. 

La promesa de un viceministro del gobierno de Evo Morales, de que este caso no quede en la impunidad, quedó en eso: impunidad. 

“Tenemos que dar una señal clara de que existe la voluntad para cambiar la justicia (…), velaremos porque este caso no quede en la impunidad”, dijo en ese entonces Diego Jiménez. 

La falta de dinero fue el factor decisivo en Reynaldo para no seguir con ambos juicios en Santa Cruz, mientras él vivía en Cochabamba. Sin trabajo seguro, con deudas y la familia fragmentada por la desgracia, se vio finalmente obligado a tomar una decisión.

“No podía hacer nada estando solo en Santa Cruz, los policías ya tenían la Justicia comprada con un expolicía que ahora es fiscal, además mi situación económica estaba insostenible, tuve que alejarme del caso”, refiere.

Pero la desilusión empezó cuando depositó su confianza en las autoridades. Siente que lo único que hicieron fue aprovecharse de su caso para capitalizar puntos, a favor de un gobierno que se presentaba como “justiciero”.

“Del ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, he recibió puras mentiras”, lamenta. La exautoridad se comprometió a que su caso no quede en la impunidad, le ofreció públicamente trabajo en el ministerio, se comprometió a gestionar la indemnización. Hoy cree que solo le hizo daño. Ante la insistencia del resarcimiento económico por parte del Estado, que por derecho le corresponde debido a que los vulneradores son funcionarios del Estado, Arce le respondió que exija ese pago a los jueces que lo encarcelaron.

Hoy Reynaldo, con 30 años de edad, se dedica a su formación académica. Toda la situación de injusticia que vivió lo impulsó a concluir los estudios secundarios para estar habilitado para una carrera universitaria, en busca de mejores oportunidades en la vida.

El 11 de mayo de 2015 Reynaldo fue detenido en la terminal de Buses de Cochabamba cuando esperaba a una supuesta mujer –luego se sabría que fue la policía- que lo citó por redes sociales y que nunca llegó. Efectivos policiales vestidos de civil, que no se identificaron, lo subieron por la fuerza a un vehículo y lo llevaron a oficinas de la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC). Los efectivos no le permitieron contactar a un abogado ni a sus familiares, primero debían conseguir la “verdad” por medio de cuestionados métodos de confesión.

Lo introdujeron en un cuartucho oscuro. Dos efectivos lo agarraron por los brazos mientras otros dos lo golpeaban con puño cerrado. La quinta policía que participó del operativo esperaba afuera del lugar, haciendo guardia. Los golpes le fracturaron parte de la dentadura y le dejaron la cara y los ojos hinchados. Le exigían que confiese la muerte de Verónica Menacho, a quien no conocía. 

De Cochabamba fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz, en la maletera del vehículo. Desde que fue detenido no recibió alimentos ni agua ni pudo acceder al baño. Tampoco le permitieron comunicarse con algún familiar, menos con un abogado. Fue presentado ante los periodistas, en un juicio mediático, como el feminicida de Verónica y enviado a Palmasola. 

Durante las investigaciones las pruebas colectadas indicaban que es imposible que Reynaldo hubiera cometido el delito de feminicidio. Un dictamen pericial de antropología facial forense estableció que su rostro era muy diferente al de las características físicas del sospechoso, registrado por una cámara de video. Un dictamen pericial del cotejo de extracto de llamadas estableció que entre Verónica y Reynaldo nunca hubo contacto telefónico. Además, el empleador de Reynaldo aseguró que, a la hora del feminicidio, éste se encontraba con él en Warnes, tras sufrir un accidente de tránsito, hecho que fue corroborado incluso por el informe policial.

El perito en Antropología Facial, Cristian Sánchez, presentó dos informes asegurando que el autor del crimen no podía ser Reynaldo debido a que tras tomar más de 60 fotografías y compararlas con las imágenes captadas por una cámara de vídeo, donde se observaba escapando al sospechoso, no existía similitud en la contextura física.

Pese a todas estas evidencias a favor de Reynaldo, el fiscal Marcelo Delgadillo lo acusó formalmente por la comisión del delito de feminicidio, y mantuvo y defendió la acusación hasta el juicio oral ante los jueces Mary Janeth Mojica y Luis Alberto Paz Casupa, que finalmente, conociendo las pruebas que liberan de culpa a Reynaldo, lo condenaron a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. 

Reynaldo pasó más de dos años en la cárcel de Palmasola, y pudo salir solo gracias a la ayuda de sus dos hermanos mayores que tuvieron que convertirse en detectives para dar con el paradero del verdadero autor del feminicidio, labor que debía realizar el Ministerio Público, que en este caso estaba representado por el fiscal Marcelo Delgadillo.

La confesión del crimen del verdadero feminicida posibilitó el 7 de julio de 2017 la liberación de Reynaldo. Regresó a su casa después de 26 meses de estar en prisión, con todas las consecuencias que implican estar en una cárcel boliviana, por un crimen que no cometió. Para las autoridades este hecho solo constituyó un error. 

Al “llegar a mi casa, después de haber estado 26 meses en el penal de Palmasola, por un crimen que no cometí, lloré, lloré mucho, en forma desconsolada, sobre todo cuando entré al cuarto de mi hermano mayor, Delfín, quien murió de cáncer mientras yo estaba preso”, recuerda Reynaldo en una memoria enviada a la Dirección de Justicia y Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia, que ahora aborda su caso.

“Hasta ahora no siento paz, tengo mucho dolor porque no pude despedir de él (mi hermano) y no puedo volver el tiempo atrás, me robaron eso, igual que me robaron dos años y dos meses de mi vida, de mi trabajo. ¿Cómo recupero eso? No puedo hallar respuestas. Mi familia está endeudada, mi madre trabajó hasta como vendedora ambulante y mis hermanos se prestaron dinero para sostenerme en la cárcel, donde se paga hasta por seguir vivo”, expresa Reynaldo y da cuenta de lo dura que fue su experiencia. Para él no se trata de un error que se arregla con una disculpa.

Los jueces que lo condenaron y el fiscal fueron destituidos y procesados penalmente, pero el proceso no tiene avance pese a tener una acusación. Las audiencias se suspendieron varias veces.

Para Reynaldo, según su experiencia, el crimen no paga, el corporativismo hace que los funcionarios judiciales se protejan entre sí para evitar el castigo. Y las autoridades superiores usan los casos para mostrar una gestión exitosa ante los medios de comunicación.

Hace más de tres años, el Consejo de la Magistratura anunció una auditoría jurídica del caso, para establecer las responsabilidades de los jueces, pero hasta fecha no inicia. El Ministerio de Justicia le ofreció trabajo en una oficina para orientar a los litigantes, pero a los seis meses quedó desocupado.

“Todo fue un engaño, solo les serví para ser mediático y se aprovecharon de mi pobre situación, me prometieron que me iban a indemnizar y condenar a los responsables, pero no hicieron absolutamente nada en mi favor, al contrario, me hicieron un daño irreparable, estoy muy decepcionado”, enfatiza.

Pese a toda esta mala experiencia, Reynaldo se resiste a sentirse frustrado en su proyecto de vida. Siendo además víctima de torturas y vejámenes el Ministerio de Justicia le dijo que busque justicia por sus propios medios, cuando el Estado que debe garantizarle el ejercicio de sus derechos, lo juzgó de manera “equivocada” mediante sus funcionarios.

“Lo único que busco es que en la Administración de Justicia no haya personas inocentes y sus familias que pasen por el calvario que sufrí. A pesar de que mis pérdidas son cuantiosas, espero que en algún momento pueda recuperarlas, recuperar mi dignidad, recuperar a mi familia, recuperar mi vida; a veces pienso que no lo lograré, pero cuando pienso en mi sufrimiento en la cárcel y todo lo que viví, pienso que algún día podré ser libre de mis recuerdos, que hoy oscurecen mis días”, reflexiona Reynaldo.