La Paz, 4 de septiembre del 2025 (ANF).– Arturo Murillo, exministro de Gobierno, arribó esta madrugada al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, tras ser expulsado de Estados Unidos, donde cumplió una condena por lavado de dinero y soborno en la compra de gases lacrimógenos.
Apenas el avión pisó suelo boliviano, fue aprehendido por la Policía y notificado con las sentencias y procesos que enfrenta en el país.
Murillo vestía una chamarra negra y un pantalón plomo al momento de su llegada, a las 04.30. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que la exautoridad será trasladada a La Paz para su presentación ante un juez y posterior encarcelamiento.
El exministro ya cuenta con dos condenas ejecutoriadas en Bolivia. La primera, de ocho años de prisión, corresponde al caso “gases lacrimógenos”, por la compra con sobreprecio de material antidisturbios en 2019. La segunda, de cinco años y cuatro meses, está vinculada al caso “gases Ecuador”, que investigó el ingreso irregular de armamento no letal desde ese país.
Ambos procesos se suman a la condena que cumplió en Estados Unidos, donde fue sentenciado en 2021 por participar en un esquema de soborno y lavado de dinero en el mismo caso de los gases lacrimógenos.
Procesos pendientes
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó que Murillo enfrenta en total 22 procesos penales en Bolivia, de los cuales ocho se encuentran activos y dos ya cuentan con sentencia firme. Entre ellos figuran las investigaciones por las masacres de Senkata y Sacaba ocurridas en noviembre de 2019.
Además, tiene procesos por los casos “gases Argentina”, “Segip”, “Libreta militar”, “catering”, “legitimación de ganancias ilícitas” y la “extradición de Lima Lobo”, entre otros. En el ámbito privado, enfrenta un juicio por una demanda de indemnización de un millón de dólares presentada por Lourdes Pacheco, a quien acusó en 2020 de un rapto que fue descartado judicialmente.
El ministro de Gobierno adelantó que Murillo será presentado ante un juez de medidas cautelares en La Paz. Una resolución judicial establece su traslado al penal de San Pedro; sin embargo, la Procuraduría anunció que solicitará su reclusión en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
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