La Paz, 1 de septiembre de 2025 (ANF).- La detención de cinco policías bolivianos y un civil en el paso fronterizo de Hito Cajón, con un cargamento de droga y un arsenal de armas, se ha convertido en un escándalo internacional que golpea la imagen de la Policía Boliviana. La justicia chilena determinó enviar a los seis implicados a prisión preventiva, luego de que la Fiscalía de Antofagasta presentara como prueba una serie de mensajes encontrados en un celular incautado, que revelarían la participación activa de los uniformados en actividades ilícitas.
En el teléfono móvil confiscado a uno de los detenidos se hallaron conversaciones comprometedoras que hacen referencia a operaciones de tráfico de drogas y a la circulación de dinero producto de estas actividades.
“Hay que seguir trabajando internamente no más, tranquilamente, sin que alguien se dé cuenta. Capaz a alguien le han dicho que has llevado lechugas en cantidad, pues, 30 lechugas de punta a punta estaban los militares.” Se hablaba en clave de “lechugas” para referirse a marihuana, según dice en uno de los chats presentados por los investigadores, reportó Meganoticias.
“Todo estaba jodido, jodido. Ayer he hecho pasar y hoy ya se la han llevado. Así que en estos días ya voy a tener el efectivo, compa. No te preocupes.” Estos mensajes muestran, según la Fiscalía chilena, la coordinación de los implicados para el traslado de cargamentos.
Estos chats, se convirtieron en una de las piezas clave que inclinó la balanza judicial hacia la imposición de prisión preventiva, pues contradicen las versiones de los policías, que inicialmente alegaron que se encontraban en un operativo contra el contrabando.
El operativo en el que fueron detenidos reveló la existencia de un cargamento de droga, fusiles, pistolas y municiones en poder de los acusados. Con estas pruebas, la Fiscalía chilena les imputa los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de armas y asociación ilícita, lo que podría derivar en condenas severas.
La gravedad del caso aumenta al tratarse de efectivos policiales en servicio activo, lo que no solo compromete la imagen institucional de la Policía Boliviana, sino que también destapa un presunto entramado de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
El Gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Gobierno y la Cancillería, anunció gestiones para repatriar a los policías y que sean juzgados en territorio boliviano. Argumentan que los hechos ocurrieron en una zona fronteriza sensible y que la justicia nacional debería asumir el caso.
Sin embargo, autoridades judiciales y fiscales de Chile fueron categóricas al afirmar que el operativo se realizó en territorio chileno, por lo que corresponde que los acusados enfrenten juicio en ese país. Esta posición ha elevado la tensión diplomática entre ambos Estados, mientras se define la situación legal de los detenidos.
La combinación de pruebas materiales —droga y arsenal— con los mensajes digitales incautados coloca a los policías bolivianos en una situación judicial extremadamente complicada. Más allá del proceso legal, el caso marca un precedente en la cooperación internacional contra el crimen organizado y en la manera en que las evidencias tecnológicas, como chats y registros telefónicos, se convierten en herramientas determinantes para la justicia.
Cinco de los arrestados fueron identificados como agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), quienes se desplazaban en una camioneta Nissan con placa boliviana. El sexto implicado, un civil, conducía una Toyota con matrícula chilena adulterada y con reporte de robo. Todos fueron aprehendidos en el operativo y posteriormente trasladados hasta la ciudad de Calama.
Los cinco ocupantes del vehículo Nissan fueron formalizados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. El civil, en cambio, fue formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado, según una nota de la Fiscalía de Chile.
Por ahora, los seis detenidos permanecerán en cárceles chilenas mientras avanza la investigación, en medio de un clima de incertidumbre que compromete sus destinos personales.
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