La Paz, 10 de abril de 2026 (ANF). - La Sala Constitucional Segunda de El Alto dio un plazo de 10 días al Ministerio de Hidrocarburos, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para aplicar un plan de reparación y prevención en la adquisición de la gasolina.
El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Wilder Veliz indicó que la audiencia se llevó a cabo el jueves donde se presentaron todos los descargos correspondientes sobre la mala calidad de combustible, que afectó a más centenares de motorizados.
“La Sala Constitucional ha determinado que, en el plazo de 10 días hábiles, los demandados de manera coordinada aprueben e implementen un plan integral de contingencia, reparación y prevención en la adquisición de la gasolina y protección de los derechos de la población”, señaló.
El legislador presentó la acción popular el 6 de febrero contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; el entonces presidente de YPFB, Yussef Akly; y la directora de la ANH, Margot Ayala, ante las constantes denuncias y medidas de presión que asumieron los transportistas por la mala calidad de la gasolina.
Otra de las medidas fue que las instituciones del sector implementen un plan nacional de reparación por los daños ocasionados a los motorizados, además se solicitó activar el seguro de adquisición de combustible.
En un plazo de cinco días, la estatal petrolera debe presentar un informe que establezca la vigencia de la póliza de seguro, los alcanceles y a quiénes beneficiará.
“En caso de no existir una póliza, el tribunal dispuso que no se suspenderá la responsabilidad de YPFB de separar los daños debiendo acudir a los mecanismos administrativos financieros disponibles”, manifestó.
En 20 días hábiles, los demandados emitirán los informes que muestren la aplicación de las disposiciones establecidas por la autoridad jurisdiccional, con el fin hacer un seguimiento a las medidas de reparación y prevención.
Ante las medidas de presión por parte de los transportistas, el Gobierno dispuso reparar los daños ocasionados por la gasolina desestabilizada y, hasta la fecha, el resarcimiento superó los 9,7 millones de bolivianos, equivalente a más de un millón de dólares.
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