La Paz, 31 de octubre (ANF).- Han pasado más de 13 años desde que Evo Morales asumió la presidencia del país. En ese tiempo nueve personas fueron asesinadas en distintos conflictos sociales contra el Gobierno; las investigaciones de la Fiscalía no esclarecieron un solo caso. Ahora se suman las muertes de los dos cívicos cruceños en Montero; las familias de las víctimas exigen justicia.
Ayer los cívicos cruceños Mario Salvatierra (60) y Marcelo Terrazas (41) murieron tras recibir impactos de bala en el municipio de Montero, Santa Cruz, durante el paro indefinido en rechazo a los resultados de las Elecciones Generales y los que apoyan al Gobierno central.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, responsabilizó de la violencia al MAS y dijo que esas muertes “se pudo evitar si intervenía la Policía, que entrega a los manifestantes como trofeo a los masistas”.
Los familiares de las víctimas exigen justicia por estos crímenes.
“Toda la familia pedimos justicia, estos hechos no pueden quedar impunes, ha sido lamentable a sangre fría lo mataron. Ya la denuncia está sentada, todo el mundo sabe lo que ha pasado”, refirió Hugo Salvatierra, hermano de uno de los fallecidos.
El presidente Evo Morales lamentó, este jueves, que haya enfrentamientos entre bolivianos. Pidió frenar la violencia y que se investigue todos los hechos violentos que se registraron.
“Y mi pedido al Ministerio Público investigue, caiga quién caiga a los agresores. Lamento mucho lo que ha pasado ayer y quiero saludar a nuestras instituciones como la policía se cuidó (de intervenir), porque provocaron que haya muertos”, apuntó.
Total de muertos
Con estos dos decesos suman 11 las personas que fallecieron en manifestaciones en contra del actual Gobierno y a la fecha el Ministerio Público no esclareció un solo caso. La familia de los dos cívicos espera que ese panorama cambie y si obtengan justicia.
Caranavi
El 5 de mayo de 2010 se registró las dos primeras muertes. Aquel día, pobladores de Caranavi estaban movilizados exigiendo al Gobierno de Evo Morales la construcción de una fábrica de cítricos, que buscaba mayor desarrollo en esa zona. La Policía intervino la protesta usando agentes químicos y armas de fuego, resultado de la desmovilización murieron por impacto de bala los estudiantes Fidel Mario Hernani (19) y David Calizaya Mamani (17) y hubo al menos 21 heridos.
La Fiscalía abrió una investigación, pero durante estos nueve años no hubo ni un detenido y el caso está paralizado.
“Recordemos los hechos desde Caranavi, dos jóvenes (muertos) cuando yo era Defensor del Pueblo y así sucesivamente ha habido otra cantidad de muertos que a la fecha pueden estar llegando entre 11 o 12 ya o quizá menos, pero habría que ubicarlo en el contexto en que un Gobierno está utilizando los recursos del Estado para arremeter contra el pueblo”, manifestó el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena.
Caso Illanes
En agosto de 2016, los cooperativistas mineros se movilizaron exigiendo la abrogación de un decreto que daba vía libre a la conformación de sindicatos en las cooperativas. El conflicto se agravó y la policía intervino usando agentes químicos y armas letales.
El hecho dejó saldos fatales como la muerte del exviceministro Rodolfo Illanes que murió a manos de los cooperativistas y la muerte de cinco mineros, cuatro por impacto de bala y uno por mala manipulación de un explosivo.
Por la muerte de Illanes varios mineros fueron procesados, encarcelados y condenados. Sin embargo, la Fiscalía no halló a los responsables del asesinato con arma de fuego de los mineros Severino Ichota, Fermín Mamani, Pedro Mamani Massi y Rubén Aparaya Pillco.
Caso UPEA
En mayo de 2018, la Universidad Pública de El Alto (UPEA) se movilizó en demanda mayor presupuesto. Como en los casos anteriores, la marcha fue intervenida violentamente por los policías y producto de eso el universitario Jonathan Quispe murió tras recibir el impacto de una canica de vidrio que le perforó el centro del pecho.
El Ministerio de Gobierno entregó al subteniente Cristhian Casanova como autor del disparo. El uniformado fue investigado, reconoció su culpa, se sometió a juicio abreviado y acordó con la Fiscalía recibir una condena de solo cinco años de prisión. La familia de la víctima y la UPEA cuestionaron el fallo y apelaron la medida porque consideran que el asesinato del estudiante debe ser sancionado con 30 años de prisión. El caso aún no fue resuelto.
Adepcoca
En agosto de 2018 las protestas de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que exigían atención a sus demandas y respeto a sus derechos durante las tareas de erradicación terminó en enfrentamientos violentos en La Asunta, La Paz. Un policía y dos cocaleros fallecieron en la zona.
Por la muerte del policía, la Fiscalía hizo encarcelar, sin indicios claros, al presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez y a otros cuatro cocaleros, pero por la muerte de los cocaleros Eliseo Choque y Carlos Vega no hay ningún avance.
Gutiérrez dijo hoy que la “justicia tarde o temprano llega” y demostrará su inocencia, ante los atropellos que vino sufriendo desde su encarcelamiento.
/LACH/KG/
