El pasado 23 de marzo, el presidente Luis Arce Catacora anunció el cierre de DIREMAR y la evaluación de los dos procesos iniciados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Según sus declaraciones, el propósito era que Bolivia conociera los detalles de éstos dos litigios, en los que los jueces determinaron que Chile no tiene obligación jurídica de negociar un acceso soberano al mar y que no hay nada que resolver sobre el Silala, puesto que la representación boliviana aceptó su condición de curso de agua internacional.
Sin embargo, como del dicho al hecho hay mucho trecho, y es más fácil prometer que cumplir, se promulgó el Decreto Nº 5376, que no solo mantiene la confidencialidad y reserva de la documentación generada, alegando razones de seguridad nacional, sino que prohíbe expresamente su uso o difusión, tanto por personas naturales como jurídicas.
Ante este escenario, emergen interrogantes inevitables como: ¿Qué se protege bajo el manto del secretismo? ¿por qué se limita el acceso a la documentación a historiadores, analistas o investigadores interesados en analizar lo sucedido? y ¿en qué quedó la promesa presidencial de transparentar y evaluar los detalles de estos dos litigios?
El establecimiento de confidencialidad y reserva sobre información vinculada a dos hechos históricos cruciales, como fueron los juicios ante la CIJ, constituye un afrenta a la memoria colectiva boliviana. La historia no es un mero relato del pasado, sino una herramienta fundamental para entender el presente y diseñar el futuro.
Para que un pueblo pueda conocerse a sí mismo, debe comprender íntegramente los procesos sociales, políticos, económicos y jurídicos que lo han moldeado. Sin acceso libre e irrestricto a la documentación, las sociedades construyen su historia sobre versiones sesgadas, rumores o mitos, deformando la memoria colectiva y favoreciendo la repetición de errores.
Además, decretar confidencialidad sobre documentos de eventos históricos trascendentales, especialmente aquellos ligados a decisiones de Estado, puede convertirse en un mecanismo para ocultar fallas de gestión, acciones controvertidas o negligencias. Sin acceso a los documentos completos, la ciudadanía no puede evaluar si se defendieron adecuadamente los intereses nacionales o si hubo omisiones perjudiciales que deban ser sancionadas, favoreciendo a la impunidad.
Por el contrario, cuando se garantiza el acceso a documentos históricos se fortalece el pensamiento crítico, se enriquece la reflexión colectiva y se promueve la rendición de cuentas. Solo así los ciudadanos pueden analizar con fundamento los aciertos del pasado y corregir sus desaciertos. La verdad, en este sentido, no es solo un derecho, es el cimiento de una sociedad libre y consciente.
Al restringir el acceso a los documentos generados por DIREMAR, el gobierno no solo niega a su pueblo el derecho a evaluar lo ocurrido, sino que socava las bases de su democracia. Un país que esconde su historia diplomática bajo el argumento de “seguridad nacional” normaliza la opacidad y siembra desconfianza en sus instituciones.
Si realmente se aspira a aprender de los errores y a forjar un mejor futuro, es imperativo garantizar el acceso a la información, exigir la rendición de cuentas y rechazar cualquier intento de manipular la memoria colectiva. Solo así evitaremos legar a las próximas generaciones una historia mutilada, escrita más por silencios que por hechos.
La historia de un país no puede estar sujeta a candados institucionales, ni a decretos que privilegien la confidencialidad sobre la verdad. Si Bolivia busca consolidar una democracia sólida, madura y participativa, debe romper con la cultura del secretismo. ¡Basta ya de contratos, acuerdos y documentos bajo llave! Es hora de optar decididamente por la transparencia.
Por el bien del país, era y es necesario desclasificar los archivos de DIREMAR, no solo como un acto de justicia histórica, sino también como una muestra de respeto al pueblo boliviano, que merece conocer, debatir y decidir con acceso pleno a la verdad. Ignorar la historia es renunciar al derecho de construir un destino colectivo con plena conciencia. Como escribió el historiador Marc Bloch: "La incomprensión del presente nace, fatalmente, de la ignorancia del pasado".
El autor es economista y diplomático.
