La Paz, 29 de enero del 2026 (ANF).- El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos que en la gestión de Karina Serrudo se realizó la compra de un terreno y posterior construcción de un edificio para Aduana Nacional en Tarija con aparente sobreprecio, llegando a estimarse un daño económico al Estado de Bs 9 millones.
Según el detalle del caso, el terreno adquirido no reunía las condiciones técnicas ni legales exigidas en la convocatoria pública. Entre las falencias identificadas figuran problemas de ubicación, accesibilidad, falta de planos aprobados, ausencia de saneamiento legal y observaciones sobre la compatibilidad con el uso de suelo.
La denuncia señala que el vendedor no tenía el predio debidamente individualizado ni regularizado al momento de la adjudicación. Pese a ello, la compra se concretó por un monto superior al de otras propuestas que sí cumplían con los requisitos establecidos. Además, se advierte que, aunque el contrato establecía una superficie mayor, la Aduana recibió finalmente sólo 1.000 metros cuadrados, lo que generó inconsistencias en la documentación. A esto se suma que el derecho propietario fue registrado a nombre de la Aduana recién dos años después, debido a dificultades legales y técnicas que no fueron resueltas de manera oportuna.
El director general de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Iván Vaca Parrado, advirtió que estas irregularidades habrían permitido el desembolso total de los recursos, a pesar de que el terreno no cumplía con las condiciones pactadas, lo que podría configurar un daño económico al Estado.
En la fase de construcción, la denuncia expone un posible direccionamiento en la adjudicación del proyecto, ya que la empresa ganadora habría obtenido una calificación técnica baja, pero aun así alcanzó el puntaje final necesario para imponerse a otras propuestas.
También se identificaron observaciones de carácter técnico, como la ejecución de la obra en un área incompatible con el Plan de Uso de Suelo del municipio y poco adecuada para el funcionamiento operativo de la Aduana. De acuerdo con el informe, el proyecto carecería de planos aprobados por el municipio, pese a tratarse de una infraestructura financiada con recursos públicos.
Asimismo, se cuestiona la planificación del edificio, al considerar que su capacidad no cubre las necesidades institucionales, lo que obliga a la Aduana a mantener otros inmuebles en alquiler. A ello se añaden deficiencias estructurales, riesgos de filtraciones de agua y problemas asociados a las condiciones del terreno.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín, informó que las irregularidades detectadas podrían haber generado un sobreprecio de al menos Bs 9 millones en la construcción, debido a que el costo por metro cuadrado supera ampliamente los valores de mercado. También advirtió un posible sobrecosto en la compra del terreno, vinculado a su adquisición sin cumplir los requisitos técnicos y legales, además de las inconsistencias en superficie y saneamiento.
Los principales sindicados en este caso son la empresa constructora, el dueño del terreno y la exdirectora de Aduana.
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