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Seguridad

8 de marzo de 2017 18:22

Denuncian que el caso Apolo está paralizado desde hace más de un año y medio

El caso actualmente se encuentra en el juzgado quinto de instrucción de La Paz. Antes estuvo en Apolo, luego fue derivado a Achacachi, donde nunca avanzó y la responsabilidad recae sobre la jueza Carbajal, apuntó Bascopé.

JBC Juan Bascopé es el único detenido en el caso Apolo. Foto: ANF
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La Paz, 8 de febrero (ANF).- Juan Bascopé, procesado en el caso Apolo, denunció que desde hace más de un año y medio ese juicio se encuentra paralizado sin que alguna autoridad judicial haga algo al respecto.

“La última audiencia que tuve fue el 26 de junio de 2015, cuando se realizó el careo en Apolo, desde entonces no hubo nada más”, señaló Bascopé a ANF.

Indicó que de los siete fiscales que conformaban la comisión especial para investigar el caso, uno está encarcelado, otro fue destinado a la provincia Muñecas y los otros seis fueron destituidos porque después de más de tres años de investigación, los indicios recolectados fueron suficientes para iniciar el juicio oral.

Juan Bascopé, apicultor de oficio, fue detenido el 18 de julio de 2014 en el municipio de Mapiri y acusado de haber sido autor de los disparos en la comunidad Miraflores del municipio de Apolo de La Paz en octubre de 2013, durante un operativo de erradicación de coca por  la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), y que segó la vida de tres efectivos.

Tras la detención, Bascopé fue brutalmente torturado por efectivos policiales, investigadores del CEIP (Centro de Estudios de Investigaciones Policiales) y de la Fuerza Aérea en presencia de los fiscales Gregorio Blanco y Luis Ferrufino Castellón, según señala la denuncia presentada.

A consecuencia de ese hecho el apicultor sufre dolores agudos y constantes de cabeza, tiene fractura en el tórax, costillas, omoplato, brazo y muñecas, según una evaluación médica realizada, por lo que la organización mundial Amnistía Internacional hace seguimiento del caso para dar con los responsables de estos hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y que en los últimos meses aumentaron de manera preocupante, según señaló el Instituto de Investigación contra la Tortura (ITEI).

Bascopé responsabiliza a la jueza Elizabeth Carvajal, del juzgado de Achacachi, de retrasar las salidas para atención médica y oponerse en los hechos ya que “nunca se encuentra en su oficina para recibir el oficio y dar la autorización” pese a más de seis solicitudes enviadas.

Desde la última audiencia, en junio de 2015, Bascopé dirigió siete requerimientos a la fiscalía para reactivar el caso, sin que hasta la fecha tenga una respuesta.

El caso actualmente se encuentra en el juzgado quinto de instrucción de La Paz. Antes estuvo en Apolo, luego fue derivado a Achacachi, donde nunca avanzó y la responsabilidad recae sobre la jueza Carbajal, apuntó.

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