La Paz, 28 de febrero de 2026 (ANF).- Con el objetivo de cortar de raíz las extorsiones, los cobros ilegales y el ingreso de objetos prohibidos en las cárceles del país, la Dirección General de Régimen Penitenciario puso en marcha una estrategia integral que combina tecnología, rotación total de personal, operativos permanentes y procesos penales contra funcionarios involucrados en actos de corrupción. La política, definida como “cero tolerancia”, es ejecutada bajo instructivos directos del Ministerio de Gobierno, según explicó el coronel Daniel Mérida, director general de Régimen Penitenciario.
Mérida sostuvo que la corrupción penitenciaria no se combate con medidas aisladas, sino con acciones simultáneas y sostenidas. En esa línea, una de las decisiones más drásticas fue el relevo completo del personal policial en las 49 cárceles del país.
“Desde el director hasta el último policía han sido cambiados. Ningún efectivo puede permanecer más de tres meses en un mismo recinto, porque la permanencia prolongada genera rutinas y vínculos que facilitan actos desleales”, afirmó en entrevista con ANF.
A este control humano se suma el fortalecimiento de la vigilancia tecnológica. El director informó que se instalan y mantienen cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos y accesos principales de recintos como Chonchocoro, Patacamaya y Qalauma, con el doble propósito de supervisar a los privados de libertad y al personal policial.
“Las cámaras permiten identificar a malos policías que facilitan el ingreso de alcohol o drogas; aquí no se va a encubrir a nadie”, remarcó.
La advertencia se tradujo en procesos concretos. Mérida confirmó que entre siete y ocho efectivos policiales de Chonchocoro y Qalauma fueron puestos a disposición del Ministerio Público por negligencia u otras faltas graves. Dependiendo del caso, los implicados son remitidos a la Inspectoría General o a la justicia ordinaria.
“Quien viola la norma responde ante la ley”, enfatizó.
El plan oficial también apunta a frenar las extorsiones internas, ejercidas por algunos privados de libertad contra sus propios compañeros. Para ello, se instruyó a los directores de los penales identificar a los responsables y aplicar sanciones internas, aislamientos o traslados a otros centros penitenciarios.
Paralelamente, se ejecutan operativos y requisas sorpresivas, como las realizadas antes y durante el carnaval, que permitieron decomisar celulares, armas blancas y bebidas alcohólicas. En recintos como San Pedro, el alcohol incautado fue destruido frente a los internos, “para demostrar transparencia y que la policía no se queda con nada”, explicó Mérida.
La estrategia se completa con la intervención de grupos de inteligencia, autorizados a ingresar a cualquier penal en cualquier momento, y con la activación de un Grupo Especial de Intervención Rápida para responder ante situaciones críticas.
Además, existe un proyecto para adquirir drones destinados al patrullaje aéreo en cárceles de máxima seguridad, modernizando el control perimetral. “Nuestras puertas están abiertas para recibir denuncias de cualquier persona que sufra cobros o extorsiones”, añadió el director.
Sin embargo, desde una mirada estructural, la especialista en temas penitenciarios Luisa Chipana advirtió que la corrupción carcelaria no es un fenómeno simple ni exclusivo de algunos malos funcionarios.
“Las cárceles son una mini sociedad que reproduce los males de afuera. Aquí intervienen múltiples actores y se crea un sistema que termina normalizando los cobros y la violencia”, señaló en contacto con ANF.
Chipana identificó prácticas corruptas tanto en el personal multidisciplinario —médicos, psicólogos o trabajadores sociales— que, ante la falta de recursos, puede caer en un “círculo vicioso” de cobros informales, como en la organización interna de los propios reclusos.
Aunque la ley permite elegir representantes, dijo, estos grupos suelen consolidar estructuras de “seguridad” que ejercen violencia y extorsión bajo una lógica de sobrevivencia, ante la ausencia de un control estatal real.
“Es un secreto a voces que las autoridades conocen estas dinámicas y, muchas veces, dejan que la rueda siga funcionando”, afirmó.
Para la especialista, el riesgo aumenta cuando llegan recursos para infraestructura sin una política penitenciaria seria, porque el dinero puede diluirse en corrupción. Por ello, planteó una reestructuración profunda: la creación de una carrera penitenciaria especializada —en lugar de la rotación constante—, el fortalecimiento de la inteligencia y la logística básica para los guardias, y una reforma del sistema de justicia que reduzca la detención preventiva, que hoy alcanza cerca del 70% de la población carcelaria.
A estas propuestas se suman las declaraciones previas a ANF del exdirector general de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos, quien coincidió en que la corrupción es estructural y se ha integrado a la “seguridad interna” de las prisiones, dando lugar a un submundo criminal que controla espacios clave.
Llanos atribuyó parte del problema a la falta de formación técnica de quienes administran las cárceles y propuso un cambio de modelo: pasar de una gestión policial a una administración civil y técnica, con participación activa de la sociedad civil y organizaciones comunitarias.
“Erradicar la corrupción no es solo castigar individuos, sino transformar el sistema”, sostuvo Llanos. Para él, la clave está en profesionalizar el control, abrir las cárceles a la participación social, romper los vínculos con intereses criminales y ejercer una voluntad política firme que no tolere la connivencia.
/FC/
Articulo sin comentarios
