La Paz, 10 de julio de 2025 (ANF). - A una década de estallar el caso por el desfalco al Fondo Indígena, los abogados de las partes cuestionaron la retardación judicial que se registró en la investigación y emisión de la acusación por parte del Ministerio Público, además que hasta el momento no exista fecha y hora para el inicio de juicio oral.
Héctor Castellón, abogado del fallecido Marco Aramayo, en declaraciones a la ANF, afirmó que ese caso muestra la decadencia de la justicia porque se vio una clara injerencia por parte del gobierno de Evo Morales, con el fin de no investigar a los dirigentes que se beneficiaron con los proyectos, además de cercanos al exmandatario.
“Es una burla, es una afrenta no solo a la memoria de Marco Aramayo, sino de la población. Yo creo que como abogado y más como boliviano, deberíamos sentirnos con cierto hastío de ver cómo se maneja estos preceptos. La verdad es lamentable una investigación de 10 años, en este tiempo no se investigó nada, son 200 millones de dólares que han quedado en la nebulosa y sin que se haya resuelto nada”, manifestó.
El miércoles recién se conoció que, en mayo de 2024, el Ministerio Público emitió una acusación formal contra 14 implicados, entre ellos la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo y otras 13 personas, por el desfalco y la no ejecución de 153 proyectos del exFondo Indígena. Sin embargo, no se inició el juicio oral hasta el momento porque el Juzgado Anticorrupción 12, de La Paz no remitió los antecedentes al tribunal de sentencia.
Al respecto, Eduardo León, abogado del exdirigente Rafael Quispe quien interpuso la demanda, también observó el actuar de la fiscalía ya que hasta el momento no se conoce si se recuperaron bienes inmuebles o recursos y a cuánto asciende el daño económico. A su criterio, el caso se reactivó ante la proximidad de las elecciones y el cambio de gobierno.
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