En medio de una nueva crisis política y social en Bolivia, los actores en disputa, buscan imponer dos interpretaciones simplificadoras. Para unos, el Chapare es apenas una región movilizada que defiende a su principal líder político. Para otros, constituye una suerte de territorio insurgente dispuesto a desafiar al Estado. Sin embargo, ambas visiones resultan insuficientes para comprender lo que viene ocurriendo desde hace varios años.
Quizás el concepto más útil para analizar el fenómeno sea otro: el de soberanía compartida. La idea no es nueva. Diversos estudios sobre Colombia, México y Centroamérica han mostrado que existen territorios donde el Estado mantiene presencia formal, instituciones, autoridades y reconocimiento legal, pero comparte en los hechos funciones de control, regulación social, producción de legitimidad y capacidad coercitiva con otros actores. No se trata necesariamente de guerras civiles ni de movimientos armados clásicos. Se trata de espacios donde la autoridad estatal deja de ser exclusiva.
El Chapare parece aproximarse cada vez más a esa definición. La construcción de esta realidad no comenzó con la crisis actual ni con la ruptura entre Luis Arce y Evo Morales. Sus raíces son mucho más profundas. Desde los años noventa, las organizaciones cocaleras del trópico cochabambino desarrollaron una extraordinaria capacidad organizativa frente a las políticas de erradicación impulsadas por distintos gobiernos. En ese proceso surgieron estructuras sindicales capaces de regular conflictos, movilizar miles de personas, controlar territorios y generar mecanismos propios de representación.
Con la llegada de Evo Morales al poder en 2006, lejos de debilitarse, estas estructuras se fortalecieron. El Chapare dejó de ser únicamente una región productora de coca para convertirse en el principal núcleo político del nuevo bloque gobernante. Durante casi dos décadas, una parte significativa de la dirigencia nacional, parlamentaria y gubernamental surgió de ese espacio territorial.
La crisis de 2019 marcó un punto de inflexión. Tras la caída de Morales, mientras el Movimiento al Socialismo atravesaba momentos de incertidumbre, el Chapare conservó cohesión, liderazgo y capacidad de movilización. La región se convirtió en el principal refugio político y organizativo del evismo. Desde entonces comenzó a consolidarse una situación inédita: la coexistencia de dos fuentes de legitimidad dentro del mismo proyecto político.
Por un lado, el gobierno nacional, respaldado por la Constitución y las instituciones estatales. Por otro, una estructura sindical-territorial cuya referencia principal continuó siendo Evo Morales.
La ruptura entre Morales y Arce hizo visible una realidad que probablemente venía desarrollándose desde mucho antes. Mientras el Estado reclamaba autoridad legal sobre el conjunto del territorio, amplios sectores del Chapare reconocían prioritariamente el liderazgo político territorial del expresidente.
La pregunta dejó entonces de ser “ideológica” para convertirse en institucional: ¿hasta dónde llega efectivamente la autoridad del Estado dentro del Chapare?
Los acontecimientos de los últimos años muestran que esa respuesta resulta cada vez más compleja. Las dificultades para ejecutar mandatos judiciales, la resistencia organizada frente a operativos estatales, la capacidad de sostener bloqueos prolongados y los episodios de confrontación con fuerzas de seguridad revelan que la presencia formal del Estado no siempre se traduce en capacidad efectiva de control.
Si bien el elemento decisivo no es político sino económico, ningún territorio desarrolla niveles significativos de autonomía sin una base material que lo sustente. En el caso del Chapare, esa base se encuentra en la economía de la coca.
No se trata de afirmar que toda la actividad económica de dicha región sea ilegal ni mucho menos que todos los productores participen de actividades vinculadas al narcotráfico. Esa simplificación impediría comprender a cabalidad el fenómeno. Lo relevante es que la coca constituye una fuente de ingresos capaz de sostener organización social, liderazgo político, mecanismos de control territorial y capacidad permanente de movilización.
Siendo uno de los aspectos más sensibles del debate nacional diversos organismos internacionales y autoridades bolivianas han señalado durante años la existencia de cultivos excedentarios respecto a los mercados tradicionales legales. La discusión sobre el destino de esos excedentes sigue siendo una de las principales tensiones de la política antidrogas boliviana.
La importancia del tema radica en que las economías asociadas a recursos de alta rentabilidad, suelen generar formas de autonomía territorial difíciles de controlar desde el Estado. La experiencia colombiana ofrece múltiples ejemplos de ello. Sin embargo, la comparación con Colombia debe hacerse con cautela. El Chapare no es una réplica de las antiguas zonas controladas por las FARC. No existe una guerrilla declarada, una estrategia explícita de toma armada del poder, ni una estructura militar insurgente conocida.
La amenaza es distinta. Lo que emerge es una modalidad de poder territorial que no busca sustituir completamente al Estado, sino limitarlo, condicionarlo y negociar permanentemente con él desde una posición de presión y resistencia.
En este largo periodo de bloqueos, adquiere especial relevancia la célebre afirmación realizada en 2019 por Juan Ramón Quintana, al advertir que Bolivia se convertiría en un “Vietnam moderno”. Más allá de las interpretaciones políticas que aquella frase generó, desde una perspectiva estratégica, la “vietnamización” no supone necesariamente la creación de un ejército irregular, sino la existencia de una red de activistas, dirigentes y operadores políticos que, además de formación ideológica, pueden disponer de apoyo logístico y recursos para sostener movilizaciones prolongadas. Allí radica una diferencia fundamental con otras protestas sociales: mientras muchos sectores se movilizan de manera episódica y con recursos limitados, estas estructuras poseen capacidad para mantener presencia continua, trasladar contingentes y actuar coordinadamente en distintos puntos del país, convirtiendo conflictos locales en crisis políticas de alcance nacional.
Vista desde esa perspectiva, la capacidad del Chapare para irradiar movilizaciones, financiar bloqueos, articular alianzas en torno a reivindicaciones sectoriales y proyectar conflictividad hacia otras regiones del país, adquiere una dimensión distinta. La cuestión de fondo, no es si Bolivia enfrenta una insurgencia clásica. La cuestión es que convive con una forma de fragmentación territorial de la soberanía que genera una crisis estatal permanente.
Sin embargo, ningún Estado puede sostener indefinidamente una situación en la que una parte de su territorio desconoce su autoridad. Tampoco una estructura territorial puede vivir permanentemente en confrontación con el orden institucional del que depende para su propia existencia.
Por eso la soberanía compartida constituye, en esencia, una situación transitoria e inestable.
La experiencia internacional muestra que procesos de esta naturaleza suelen resolverse mediante la recuperación efectiva de la autoridad estatal o mediante la instalación irregular e ilegal de una institucionalidad paralela, siempre con una escalada del conflicto. Lo que rara vez ocurre es que permanezcan sin cambios durante largos períodos o que sucedan sin episodios de violencia.
En el caso boliviano el problema no puede entenderse únicamente como una disputa de autoridad. Detrás de la tensión política existe una estructura económica que distribuye ingresos, organiza incentivos y sostiene relaciones de poder. Mientras esa base material permanezca intacta, cualquier intento de resolver el conflicto, exclusivamente por la vía institucional tendrá resultados limitados.
El desafío para Bolivia en reconstruir la capacidad estatal reconociendo las condiciones económicas que dieron origen a la autonomía territorial del Chaparé. La cuestión central no es solamente quién ejerce el mando, sino qué integración económica puede ofrecer el Estado para reemplazar lo que hoy sostiene esa soberanía compartida.
En última instancia, la estabilidad del país dependerá menos de la confrontación entre liderazgos que de la capacidad de modificar los incentivos que estructuran el poder en el territorio. La disputa por el Chapare es también una disputa por el control de recursos, rentas y mecanismos de acumulación. Allí se encuentra, probablemente, la clave más profunda de la crisis estatal que Bolivia enfrenta.
/El autor es economista/
