Éste no es el titular de lo ocurrido la pasada semana, aunque calza perfectamente. Fue el titular que un importante medio internacional publicó el 27 de junio de 2024 para describir la inauguración de la LIV Asamblea General de la OEA, celebrada en Paraguay.
El párrafo inicial textualmente señalaba que: “La Organización de Estados Americanos inauguró este miércoles su 54 Asamblea General en Paraguay, con Bolivia sumida en una nueva crisis tras un intento de sublevación militar y con un llamado a defender la democracia en la región”.
Dos años después, la historia se repite.
La LVI Asamblea General de la OEA, que tenía además un carácter conmemorativo por el bicentenario del Congreso Anfictiónico -uno de los hitos fundacionales de la unidad hemisférica- volvió a tener a Bolivia entre los temas centrales, debido a una nueva convulsión social.
Ambos episodios tampoco constituyen hechos aislados. En las últimas décadas, Bolivia ha sido objeto de consideración por parte de la OEA en numerosas oportunidades, ya sea en Asambleas Generales, reuniones extraordinarias de consulta o sesiones del Consejo Permanente.
Así, en octubre de 2003, el país enfrentó una crisis política y social que culminó con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. La situación fue seguida por la OEA, que emitió declaraciones de respaldo al orden constitucional. A pesar de ello, el presidente huyó.
En 2005, la renuncia de Carlos Mesa y la sucesión constitucional de Eduardo Rodríguez Veltzé también motivaron pronunciamientos hemisféricos. Igualmente, ello no modificó lo que era inevitable.
Entre 2008 y 2009, durante la grave confrontación entre el gobierno de Evo Morales y las prefecturas opositoras de la denominada "media luna", la OEA volvió a involucrarse. El Consejo Permanente realizó sesiones especiales y respaldó el orden democrático y el diálogo político. Empero, el tema se resolvió a partir de la operación policial conocida como el Hotel Las Américas.
La crisis poselectoral de 2019 constituyó el mayor protagonismo de la OEA. La auditoría electoral solicitada por el propio Gobierno y las denuncias de irregularidades generaron la renuncia de Evo Morales, el establecimiento del gobierno transitorio y divisiones políticas que mantuvieron a Bolivia en la agenda hemisférica durante meses.
Posteriormente, entre 2020 y 2021, continuaron los debates sobre la situación boliviana, especialmente respecto a los procesos judiciales derivados de los acontecimientos de 2019 y las interpretaciones contrapuestas sobre si se trató de una sucesión constitucional o de una ruptura democrática.
En junio de 2024, el supuesto golpe militar encabezado por el general Juan José Zúñiga provocó que la OEA apruebe una declaración de respaldo al gobierno y de rechazo a cualquier alteración del orden democrático. Finalmente, en días recientes, Bolivia volvió a solicitar la consideración de los 50 días de bloqueo ante la Organización, culminando con la aprobación de una resolución de apoyo a la democracia boliviana.
Es lamentable, pero la secuencia histórica evidencia que Bolivia se ha convertido en uno de los países del continente cuyos conflictos internos han requerido con mayor frecuencia la atención de los órganos de la OEA. Solamente casos como Haití, Venezuela o Nicaragua superan los niveles de seguimiento y debate hemisférico.
Más allá de lo interno, desde la perspectiva internacional, la pregunta es inevitable: ¿cuál fue el efecto útil de estas intervenciones hemisféricas?
La evaluación de los hechos descritos evidencian que el involucramiento de la OEA rara vez ha modificado el curso de las crisis internas. Sus declaraciones, resoluciones o misiones difícilmente sustituyeron la capacidad de los propios actores nacionales para construir acuerdos y resolver las crisis. La solución no vino, ni va venir, desde el exterior.
En ese marco, la pregunta subsecuente es: ¿por qué entonces la diplomacia recurrentemente comparece ante el principal foro hemisférico, y otros, para solicitar apoyo frente a problemas que deberían encontrar solución dentro de sus propias instituciones?
Algunos sostienen que acudir a la OEA permite reforzar la legitimidad internacional del gobierno. Sin embargo, el beneficio es marginal; la legitimidad internacional no reemplaza la legitimidad interna. La primera es declarativa y otorga respaldo diplomático temporal; la segunda es la que finalmente determina la gobernabilidad y la estabilidad institucional.
Empero, también existen costos. La reiterada internacionalización de las crisis proyecta una imagen de inestabilidad política que influye negativamente en las percepciones externas. Estudios sobre riesgo político e inversión extranjera muestran que los escenarios de conflictividad recurrente suelen afectar las decisiones de inversión y deteriorar la confianza de los agentes económicos internacionales.
En ese marco, la reciente resolución aprobada en Panamá y el anuncio de una misión de cancilleres pueden leerse como un éxito diplomático del gobierno. Pero el respaldo hemisférico, no reemplazará la necesidad del Estado para resolver sus conflictos internos.
Hay que tener presente que mientras Bolivia siga llegando recurrentemente a las Asambleas de la OEA con una crisis bajo el brazo, la comunidad internacional registra una imagen de inestabilidad crónica que ningún comunicado oficial puede borrar.
Al final la pregunta, entonces, no es si la OEA debe respaldar a Bolivia, sino por qué Bolivia necesita ese respaldo con tanta frecuencia. La respuesta, incómoda, es que los políticos bolivianos tienen la mala práctica de externalizar sus fracasos en lugar de resolverlos.
El autor es economista y diplomático
