La Paz, 26 de mayo de 2025 (ANF). - Un plan de ajuste integral que contempla reducir el gasto estatal en al menos un 20%, aplicar una política cambiaria flexible, eliminar de forma gradual la subvención de combustible, evaluar la rentabilidad de las empresas estatales, son algunas de las propuestas económicas del plan de gobierno de la Alianza Unidad, que postula a Samuel Doria Medina a la presidencia y a José Luis Lupo a la vicepresidencia.
Propone mantener los bonos sociales que se entrega a la población, en tanto su sostenibilidad dependerá del ahorro que se genere por la reducción del gasto corriente y la reasignación de recursos.
“La forma adecuada de detener la crisis es mediante un Programa de Ajuste Integral, que paralelamente corrija los desastres fiscales, monetarios, cambiarios y productivos a los que nos llevaron. Principalmente el gasto público innecesario, por lo cual identificaremos las empresas públicas y entidades descentralizadas inútiles e inviables, cerrando así el grifo del derroche”, dice el plan de gobierno.
El fin de semana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundió los programas de gobierno de los 10 frentes partidarios que están en carrera electoral, cinco alianzas y cinco organizaciones políticas.
La propuesta establece cinco soluciones, la primera está enfocada en garantizar la estabilidad económica y devolver la circulación de dólares al país y acudir a organismos internacionales, para ejecutar la estrategia.
La solución dos tiene que ver con las “autonomías económicas”, es decir que las regiones cogestionarán la riqueza natural de sus territorios. Los nuevos ingresos se distribuirán un 50 a los gobiernos regionales, departamentales, municipales; mientras que el restante será administrado por el Ejecutivo.
La propuesta tercera es ‘cuidar el dinero de los bolivianos’ y parar “el saqueo de Bolivia por parte del MAS”. Indica que el Estado, cada repartición y empresa estatal debe cumplir la ley, que es la misma de la mayoría de las familias: solo se gasta lo que se tiene.
La cuarta solución plantea “una Bolivia abierta” con liberación de las exportaciones de los productos, cielos abiertos y atraer la inversión nacional y extranjera. Finalmente, se planeta construir un país donde el mérito sea importante.
100 días
A la vez, durante los primeros 100 días de gobierno se implementará una política monetaria antiinflacionaria, se restituirá la independencia del Banco Central de Bolivia (BCB), limitando su financiamiento al Tesoro General de la Nación exclusivamente a situaciones de emergencia. Se establecerá un régimen monetario centrado en metas de inflación, evitando la emisión inorgánica y recuperando la credibilidad de la moneda nacional.
Se prevé migrar hacia un régimen de tipo de cambio flexible administrado con subastas regulares que reflejen las condiciones del mercado y restablezcan el mecanismo del bolsín, se eliminará los tipos de cambio múltiples, el impuesto a las transacciones financieras (ITF) y se devolverán a la banca los encajes y activos apropiados.
Promover la estabilidad y eficiencia del sistema financiero mediante la eliminación de controles distorsivos como los cupos de crédito y los techos a las tasas de interés. Se restablecerán reglas prudenciales basadas en riesgo y se incentivará la inversión institucional en condiciones de mercado.
Plantean implementar una política de reforma energética que eliminará de manera focalizada y gradual el subsidio a los combustibles mediante una estrategia secuencial con compensación directa a los sectores más vulnerables.
Se reducirá el 20% del gasto corriente estatal, además se identificarán a aquellas empresas que generan un mayor déficit fiscal o que solo fueron creadas con fines políticos. Mientras que se fortalecerá a aquellas que dejan utilidades.
“En el caso de las empresas públicas, la prueba a las que las someteremos será sencilla: si no pueden generar utilidades, pagar los préstamos adquiridos del BCB, se cierran, no podemos darnos el lujo de “pensionar” a unos empleados que están ahí por razones políticas. Se cierran, no se privatizan, porque no tienen viabilidad y el próximo gobierno no estará ocupado de privatizar nada”, se lee en el texto.
“Al mismo tiempo, mantendremos y fortaleceremos las grandes empresas estatales (YPFB, Entel, Boa, ENDE, YLB, Vinto, Huanuni) y las empresas que tengan utilidad social justificada (EBA o Teleférico). No las privatizaremos. No las ‘capitalizaremos’. Buscaremos inversionistas, siempre pensando que el control debe estar en manos del Estado. Eso sí, las transformaremos para que tengan institucionalidad, manejo empresarial y sean dirigidas por personal con mérito”, precisó.
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