La Paz, 27 de noviembre de 2025 (ANF).- La reanudación de relaciones diplomáticas entre Bolivia e Israel, anunciada el 11 de noviembre por el gobierno de Rodrigo Paz, generó cuestionamientos sobre la política internacional que adoptará el país. Para los sociólogos y analistas Amanda Frías y Tupaj García, esta decisión representa un giro profundo en la política exterior boliviana y un alineamiento ideológico con consecuencias que van más allá de lo simbólico.
Tupaj García sostuvo que el restablecimiento de vínculos debe analizarse desde tres ejes: el político nacional, el internacional y el económico. Desde su perspectiva, lo ocurrido constituye “un cambio de rumbo diplomático”, pues Bolivia abandona una postura histórica de neutralidad activa y de defensa de la paz.
“Durante dos décadas, el país evitó tomar partido en conflictos internacionales; ahora decide apoyar explícitamente a uno de los bandos involucrados en un genocidio”, afirmó en contacto con ANF.
En ese mismo sentido, García recordó que Bolivia pudo optar por “una posición neutral que no significara respaldar ni a Israel ni a actores como Irán, Hezbollah o Hamás”. Para él, el giro es ideológicamente profundo y coloca al país en un lugar delicado en el tablero internacional.
Amanda Frías coincidió en que la decisión responde a un viraje ideológico del nuevo gobierno. Pero fue más allá: aseguró que el restablecimiento forma parte de un acercamiento político a Estados Unidos e Israel. “Se trata de un alineamiento con gobiernos que comparten un incremento en el gasto militar y ciertas visiones de seguridad interna y externa”, indicó a ANF.
Frías subrayó que Israel es un Estado “históricamente militarista”, cuya principal industria es la exportación de material de seguridad y represión. Recordó que las dictaduras de Argentina y Chile se abastecieron de armamento israelí, y que empresas como Elbit Systems promocionan productos “probados en campo”, es decir, en Gaza. “Que Bolivia se acerque a un Estado cuya tecnología represiva se prueba sobre población civil es un mensaje político claro”, advirtió.
En el plano interno, García consideró que el impacto económico será mínimo. “Bolivia no tiene una relación comercial significativa con Israel ni con Palestina. No habrá efectos reales en inversión o comercio”, señaló. Tampoco prevé grandes tensiones políticas, aunque admitió que habrá rechazo entre sectores movilizados en solidaridad con Palestina.
Recordó que antes de 2012, instructores israelíes realizaban entrenamientos de supervivencia en la Amazonía, con un impacto mínimo en el turismo. Destacó que Israel posee un desarrollo avanzado en sistemas de radares y contrainteligencia. Dijo que la pregunta es si Bolivia está dispuesta a cambiar su política de manejo de la protesta y de sus adversarios políticos. En otras palabras, estos servicios —que incluyen técnicas de tortura y combate contra organizaciones subversivas— solo se requerirían si el Estado decide endurecer su política interna.
Por su parte, Frías alertó que la experiencia de Ecuador ofrece señales preocupantes. Allí, tras un acercamiento similar, se firmaron acuerdos de seguridad y entrenamiento militar. “Policías y militares fueron enviados a entrenarse en Israel para reprimir en contextos latinoamericanos. Bolivia podría seguir esa ruta”, sostuvo.
Frías también advirtió que la reanudación tiene consecuencias ideológicas importantes: supone una forma de reconocimiento tácito a la ocupación israelí de territorios palestinos. “Si el gobierno adopta el discurso del ‘derecho a la defensa’ de Israel, negará décadas de despojo y colonización. Además, podría criminalizarse la solidaridad con Palestina, tal como ocurrió en Ecuador”, señaló.
Ese eventual retroceso —agregó— implica que la solidaridad con Palestina deje de ser institucional y vuelva a los márgenes del activismo social, especialmente de organizaciones de izquierda, feministas e indígenas.
García, sin embargo, insistió en que la mayor consecuencia es internacional. “Este giro coloca a Bolivia del lado de un perpetrador del genocidio”, afirmó. Para él, es un mensaje que tendrá repercusiones en la imagen del país y en su política exterior a largo plazo.
El análisis de ambos expertos se enmarca en un histórico zigzag diplomático. Desde 1950, Bolivia ha establecido, roto y restablecido relaciones con Israel en varias ocasiones, generalmente motivado por la situación en Gaza y los cambios de gobierno en La Paz.
La última ruptura ocurrió en octubre de 2023, cuando el gobierno de Luis Arce denunció la ofensiva israelí en Gaza y decidió cortar vínculos. Dos años después, el cambio de mando político volvió a modificar el rumbo.
El anuncio de noviembre de 2025 estuvo acompañado por reuniones entre funcionarios bolivianos e israelíes y la perspectiva de retomar proyectos conjuntos, incluida la posible designación de embajadores.
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