La Paz, 29 de marzo de 2026 (ANF). - La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Claudia Bilbao propuso, a través de un proyecto de ley, que Derechos Reales sea administrado por el Ministerio de la Presidencia. El Consejo de la Magistratura rechazó esa iniciativa y advirtió que se compromete la seguridad jurídica.
La magistratura consideró que centralizar la información en un solo Órgano del Estado debilitará la confianza en el sistema de la propiedad y facilitará el acceso a los datos patrimoniales de la población, vulnerando la protección a la propiedad y a la privacidad.
“En este entendido, se debe tener en cuenta que afectar la institucionalidad de los órganos del Estado con leyes cuya tendencia es la centralización, pone en riesgo los derechos de propiedad (art. 56 de la CPE), la reserva de la información vinculados a los derechos de privacidad reconocidos en el art. 21 núm. 2 de la CPE, así como la seguridad jurídica, independencia y especialidad”, señaló.
El 4 de marzo, la diputada oficialista remitió a la presidencia de la Cámara Baja el proyecto de ley 294 de Transferencia y Modernización de Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo, posteriormente fue enviada a la comisión de Justicia Plural para su tratamiento.
En sus argumentos, la legisladora señaló que Derechos Reales colapsó y se convirtió en una entidad donde se vulnera el derecho a la propiedad privada ya que la falta de interoperabilidad permitió que un predio tenga hasta tres propietarios.
A la vez, consideró que al ser administrada por el Ejecutivo se mejorará la infraestructura tecnológica, estará sujeta a la fiscalización legislativa y que el Ministerio de la Presidencia puede reforzar la conectividad de datos con otras entidades estatales.
El proyecto
Según el proyecto de ley, al que accedió la ANF, la norma tiene seis artículos y una disposición final, donde propone la transferencia de la base de datos, el sistema informático y los archivos al Ministerio de la Presidencia en un plazo de 180 días calendario
Además, dispone la creación de la Dirección Nacional de Registro Propietario (Dinarep) como una entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio bajo tuición de la Presidencia.
Esa instancia, bajo los lineamientos del ministerio, deberá establecer mecanismo de interoperabilidad con el Viceministerio de Autonomías, el registro catastral de gobiernos municipales y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Proyecto de ley planteada por la diputada Claudia Bilbao. Foto: ANF
Debate técnico
La magistratura alertó que la seguridad jurídica de la propiedad no puede estar sujeta a estructuras de carácter político, sino que debe mantenerse bajo un sistema institucional independiente.
En ese sentido, pidió a la Asamblea Legislativa abrir un debate técnico e interinstitucional, incluir al Órgano Judicial y registrar, además priorizar reformas que fortalezcan ese sistema.
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