La Paz, 26 de marzo de 2026 (ANF).- Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional plantea reconocer de manera explícita la objeción de conciencia como un derecho frente al servicio militar obligatorio, abriendo la posibilidad de alternativas legales para quienes, por convicciones éticas, religiosas o filosóficas, rechacen la formación castrense.
La propuesta normativa (PL-306/2025-2026) establece un marco regulatorio para que los ciudadanos puedan optar por modalidades sustitutivas al servicio militar tradicional, sin que ello implique la pérdida de derechos civiles o restricciones en el acceso a la libreta de servicio militar, documento aún requerido en diversos trámites administrativos y laborales en Bolivia.
El proyecto surge en respuesta a observaciones previas de instancias constitucionales y organismos de derechos humanos, que han señalado la necesidad de adecuar la legislación boliviana a estándares internacionales en materia de libertad de conciencia.
En ese sentido, la iniciativa busca llenar un vacío legal histórico, ya que, si bien la objeción de conciencia ha sido reconocida en la jurisprudencia, no cuenta con una regulación específica que garantice su ejercicio efectivo.
Entre los aspectos centrales, la propuesta contempla la creación de mecanismos administrativos para que los objetores de conciencia puedan acceder a un servicio alternativo, de carácter social o comunitario, bajo supervisión estatal. Asimismo, se establecen criterios para la evaluación de las solicitudes, procurando evitar arbitrariedades y asegurar que el derecho no sea restringido de manera discrecional.
El documento también apunta a reducir prácticas discriminatorias vinculadas a la libreta de servicio militar, cuestionadas por limitar oportunidades laborales y educativas para quienes no han cumplido con el servicio obligatorio. En esa línea, se propone redefinir las condiciones de acceso a este documento, incorporando las nuevas modalidades de cumplimiento.
El tratamiento del proyecto se encuentra en etapa inicial dentro del Legislativo, donde deberá ser analizado por comisiones especializadas antes de su eventual aprobación. Su discusión se perfila como un punto de tensión entre visiones tradicionales de defensa nacional y enfoques contemporáneos basados en derechos humanos.
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