La Paz, 26 de noviembre de 2025 (ANF).- El presidente del Senado, Diego Ávila, aclaró que la convocatoria a la elección judicial, parcial para cubrir las acefalías de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y dos del Tribunal Supremo de Justicia, debe seguir estrictamente el procedimiento legislativo por cámaras separadas y no puede ser tratada de forma directa en una sesión conjunta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como planteó el vicepresidente del Estado, Edmand Lara.
“Lo que establece el procedimiento es que debe seguirse como cuando se hizo la convocatoria para las elecciones subnacionales, primero en cada una de las cámaras. Si las dos cámaras no llegamos a ponernos de acuerdo en el proyecto de ley, ahí entra la posibilidad de ir a una asamblea donde se define finalmente”, afirmó el titular del Senado.
El legislador precisó que este proceso se aplicará únicamente para elegir a los magistrados que no fueron electos en su momento en algunas regiones del país debido a la prórroga de autoridades judiciales y constitucionales. En ese marco, reiteró que el Legislativo debe ceñirse a la normativa vigente para evitar vicios de nulidad.
Asimismo, Ávila descartó la posibilidad de unificar las elecciones judiciales con los comicios subnacionales previstos para el 22 de marzo de 2026, al señalar que se trata de procesos distintos, con procedimientos y etapas diferenciadas.
Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el vocal Gustavo Ávila ratificó que la Asamblea Legislativa es la única instancia facultada para convocar a elecciones judiciales, una vez que concluya la preselección de postulantes y se remitan las ternas correspondientes al Órgano Electoral.
El vocal aclaró que el TSE sí tiene capacidad técnica para administrar más de un proceso electoral en una misma gestión. “Una vez que concluya el proceso subnacional, incluso con una eventual segunda vuelta hasta mayo, luego se pueden administrar elecciones judiciales u otros procesos”, sostuvo.
El debate se intensificó luego de que dos salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz ordenaran el cese inmediato de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes permanecían en funciones bajo prórroga.
Los magistrados del TCP afectados son Gonzalo Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Lorena Gallardo Sejas. En tanto, los magistrados del TSJ son Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez.
Tras estas decisiones, el vicepresidente Edmand Lara anunció la convocatoria a una sesión extraordinaria y urgente de la Asamblea para tratar como único punto la Ley de Elecciones Judiciales, argumentando que el país no puede volver a escenarios de transitoriedad indefinida.
Sin embargo, desde el Senado se remarcó que, más allá de la urgencia política, el proceso debe respetar el recorrido legislativo por cámaras para garantizar legalidad, transparencia y seguridad jurídica en la renovación del Órgano Judicial.
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