La Paz, 13 de marzo de 2026 (ANF).- La lucha contra la corrupción aparece como uno de los puntos de coincidencia entre los planes de gobierno de las organizaciones políticas que buscan la Gobernación de La Paz en las elecciones del 22 de marzo. Las propuestas identifican la falta de transparencia como un problema estructural que debilita la gestión pública, desalienta la inversión y erosiona la confianza ciudadana.
Para enfrentarlo, los programas plantean principalmente tres ejes: digitalización de trámites, auditorías a la gestión pública y mecanismos de control social.
Uno de los enfoques más recurrentes es el uso de tecnología para reducir la discrecionalidad administrativa. Varias propuestas plantean avanzar hacia un modelo de gobierno electrónico que elimine trámites presenciales y disminuya los espacios para el cohecho.
La Alianza Patria-Sol propone crear un Portal Digital de Transparencia Total que publique en tiempo real contratos, licitaciones y avances de obras, además de una Ventanilla Única Digital para los 87 municipios del departamento. Por su parte, LIBRE plantea digitalizar el 100% de los trámites bajo el lema “Cero Papel, Cero Filas”, junto con puntos de control satelital para fiscalizar las regalías mineras y evitar evasiones.
En una línea similar, el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) propone digitalizar el 80% de los trámites y habilitar un portal de datos abiertos con uso extendido de firma digital. Unión por el Cambio (UPC) también plantea un portal de gobierno abierto con información presupuestaria y contractual disponible de forma permanente. Innovación Humana, en tanto, propone incorporar tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad de productos locales y evitar desvíos en las cadenas de valor.
Otro grupo de propuestas se concentra en el control técnico y la rendición de cuentas. LIBRE propone realizar una “auditoría de corte” durante los primeros 100 días de gestión para revisar la administración saliente y activar procesos de recuperación de activos en casos de corrupción.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) plantea auditorías periódicas y una “lucha frontal contra la corrupción”, mientras que Nueva Generación Patriótica (NGP) centra su propuesta en una gestión transparente basada en la visibilidad del uso de los recursos públicos.
El control ciudadano también aparece como un componente clave. Patria-Sol propone una red de veedores ciudadanos certificados y una aplicación móvil para que autoridades indígenas y corregidores monitoreen obras públicas. Además, plantea implementar un presupuesto participativo digital para que la población decida anualmente el destino de entre el 10% y el 20% del presupuesto departamental.
Innovación Humana plantea un sistema de rendición de cuentas permanente en el que el ciudadano pueda actuar como “auditor en tiempo real”, mientras que SÚMATE propone un sistema integrado de información presupuestaria que funcione con datos actualizados.
Algunas organizaciones subrayan la necesidad de fortalecer la institucionalidad. UPC propone profesionalizar el servicio público mediante meritocracia para evitar que la fiscalización se convierta en persecución política. En la misma línea, ASP cuestiona la captura partidaria de las organizaciones y plantea recuperar el rol del servidor público como gestor eficiente al servicio de la ciudadanía.
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