La Paz, 15 de junio de 2024 (ANF). - Luego de 14 días de conflicto, el Pacto de Unidad evista decidió una “pausa humanitaria” y levantar el bloqueo de carreteras, que se concentró en el departamento de Cochabamba, aunque anunciaron que asumirán otras medidas de protesta contra la crisis económica y en defensa de los recursos naturales.
“Determinamos una pausa humanitaria, en la movilización nacional en carreteras, mientras se realice una investigación internacional exhaustiva, transparente e independiente de todos los hechos provocados por la intervención policial y militar instruida por el gobierno de Luis Arce. Pero continuaremos con otras medidas de presión, como movilizaciones, marchas, cacerolazos y protestas en las ciudades en defensa de la canasta familiar, la economía del pueblo boliviano y por la defensa de nuestros recursos naturales, hasta que renuncie el gobierno incapaz, hambreador y asesino del pueblo”, dice el primer punto del instructivo.
El 2 de junio, los evistas iniciaron el bloqueo de caminos exigiendo la renuncia del presidente, Luis Arce y el registro de la candidatura de Evo Morales en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El punto más álgido del conflicto se registró la semana pasada, donde seis personas fueron asesinadas.
La dirigencia evista sostuvo una reunión de emergencia este fin de semana, donde se asumió esa decisión, y además declaró duelo nacional en el movimiento indígena campesino por la muerte de sus compañeros. Instruyeron izar la Wiphala con crespones negros y el encendido de capillas ardientes.
Como tercera conclusión, exigen a la Asamblea Legislativa, que no apruebe más créditos internacionales e iniciar investigaciones sobre los hechos de corrupción que se registraron en diferentes instituciones del Estado y contra la familia del primer mandatario.
Piden la conformación de una comisión internacional, para la investigación de los decesos, la detención de dirigentes, a la vez, exigen la liberación inmediata de los dirigentes Enrique Mamani, Ponciano Santos y otros.
“Condenamos y repudiamos la persecución política y detención ilegal y arbitraria contra los dirigentes nacionales, departamentales, provinciales y de todos los sectores movilizados. Exigimos al gobierno nacional que garantice el derecho a la protesta contra el incremento de precios en productos de la canasta familiar, contra la escasez de combustibles (diésel, gasolina, GLP), escasez de dólares y la crisis económica general sin ningún tipo de criminalización ni judicialización”, señala otra parte de la resolución.
A la vez, declararon al ministro de Gobierno, Roberto Ríos; de Defensa, Edmundo Novillo, enemigos y asesinos del pueblo. Exigen el repliegue inmediato de policías y militares que se encuentran en carreteras para garantizar la libre circulación.
Finalmente, rechazaron la rearticulación de la Resistencia Juvenil Cóchala, la Unión Juvenil Cruceñista y la creación de grupos paramilitares, que atacaron supuestamente sedes sindicales y el domicilio de la concejal, Wilma Alanoca.
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