La Paz, 28 de diciembre (ANF).- El presidente Luis Arce Catacora promulgó este lunes las leyes de Impuesto a las Grandes Fortunas, Régimen de Reintegro del Impuesto al Valor Agregado (RE-IVA) y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021.
El mandatario señaló que las normas promulgadas tienen la finalidad de reactivar la economía del país con el “modelo económico social-comunitario” mismo que fue afectado por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y, nuevamente, acusó al gobierno de la expresidenta de Jeanine Áñez de administrar mal la economía del país.
“Muy contentos de estar en este acto de promulgación de tres leyes fundamentales que tienen el objetivo de consolidar nuestro modelo económico social comunitario productivo y contribuir al desmontaje del modelo neoliberal”, sostuvo Arce.
Señaló que la estrategia para levantar la economía del país tiene dos ejes principales: el primero es revitalizar la demanda interna y el segundo tiene que ver con la recuperación del aparato productivo y, para ello, se estableció el Decreto Supremo 4424, que definió un fondo destinado a alentar la sustitución de importaciones, brindando créditos de capital de inversión y operaciones para productores con una tasa de interés de 0,5%.
Dijo que adicionalmente se recuperó la inversión pública, que sería clave para este gobierno, con el fin de generar ingresos económicos al Estado. Asimismo, señaló que el déficit fiscal que actualmente es de dos dígitos, para el siguiente año tendría que bajar a un dígito con una tendencia a disminuir.
Dentro de las "políticas de austeridad" que ha definido el Gobierno actual está el recorte presupuestario de las instituciones, proyectadas dentro del Presupuesto General del Estado, que oscila entre el 20% y el 30%.
Además, señaló que dentro del PGE está contemplada la conclusión de la infraestructura de los hospitales, cuya construcción fue iniciada en el gobierno del expresidente Evo Morales, algunos entregados por Áñez, y otros que estarían abandonados.
También resaltó que la ley de Impuestos a las Grandes Fortunas contribuirá al país en la generación de ingresos haciendo que “los que tienen más dinero aporten con mayores impuestos y los que tienen menos dinero tributen menos”.
Reintegro IVA
El denominado RE-IVA, contenido en las facturas de compra en el mercado interno, beneficiará a todos quienes tengan ingresos promedio mensual igual o menor a los Bs 9.000. Para ser parte del ese beneficio, las personas deben habilitarse como beneficiarios ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
La ley señala que no se contabilizará las facturas de compra de bienes y/o servicios subvencionados por el Estado ni del pago a cuenta del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado.
Impuesto a Grandes Fortunas
La Ley que crea el Impuesto a las Grandes Fortunas establece un nuevo gravamen temporal para las personas naturales que posean más de Bs 30 millones de patrimonio. Una disposición adicional y una disposición final indican que el nuevo impuesto será aplicado a partir de la gestión 2020 en adelante.
La nueva norma señala que la información personal de contribuyentes obtenida tendrá un carácter reservado y no podrá ser revelada ni transferida a terceros, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal.
Como sanción, la Ley indica que las personas que omitan el pago del nuevo impuesto tendrán una multa equivalente al 200% del tributo omitido y perderán el carácter reservado de su información, ya que la Administración Tributaria podrá requerir el pago del impuesto mediante publicaciones en medios de comunicación.
PGE
El PGE contempla un monto de Bs 295.599.911.855 para la gestión 2021; del total, el 10% será destinado para salud, que incluye recursos de la seguridad social, y otro monto similar para la educación. En relación a los ministerios de Defensa y Gobierno, que tienen bajo su tuición a las Fuerzas Armadas (FFAA) y a la Policía Boliviana, respectivamente, fue destinado un presupuesto del 2%.
Entre los puntos más destacados del PGE para el 2021 están la generación de ingresos por parte de los Órganos del Estado con el 53%, mientras que las empresas públicas aportan un 31%.
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