La Paz, 20 de mayo de 2026 (ANF).- La creciente conflictividad social, los cuestionamientos por la gestión económica y el endurecimiento del discurso oficial han abierto una nueva etapa para el gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Analistas consultados por ANF coincidieron en que la actual crisis no responde únicamente a problemas coyunturales, sino a una suma de errores políticos, económicos y simbólicos que han profundizado la desconexión entre el Ejecutivo y amplios sectores de la sociedad boliviana.
El politólogo y exfuncionario del gobierno de Luis Arce Marcelo Arequipa sostuvo que la principal falla del gobierno fue incumplir el mandato con el que llegó al poder: resolver la crisis económica. Según el analista, la administración de Paz asumió el control del país en medio de una fuerte expectativa ciudadana respecto a la estabilización económica, pero no logró mostrar resultados concretos. Esa incapacidad, afirmó, debilitó rápidamente la legitimidad gubernamental y abrió un escenario de creciente tensión social.
Arequipa consideró que el Ejecutivo tampoco logró interpretar adecuadamente los conflictos registrados durante sus primeros meses de gestión. A su juicio, el gobierno se limitó a administrar las crisis “al filo del desastre”, sin desarrollar mecanismos preventivos ni construir espacios de diálogo sostenibles. Esa lógica reactiva, explicó, terminó agravando la sensación de incertidumbre y fragilidad institucional.
También identificó una ruptura entre el gobierno y los sectores populares. Señaló que la administración de Paz priorizó una visión tecnocrática y empresarial, dejando de lado la construcción de puentes con organizaciones sociales, sectores indígenas y actores populares.
Para Arequipa, el problema no radica en que el gobierno tenga un perfil técnico, sino en que no logró combinar esa orientación con una lectura plurinacional y social de la realidad boliviana.
En la misma línea, el escritor y analista Carlos Macusaya sostuvo que el presidente nunca comprendió la naturaleza de su llegada al poder. Según su análisis, Paz es un “presidente accidental”, cuya victoria estuvo marcada por la ausencia de alternativas políticas tras la desarticulación del MAS y la exclusión de Evo Morales de la contienda electoral.
Para Macusaya, el gobierno interpretó erróneamente su respaldo electoral y terminó alejándose de los sectores populares que facilitaron su ascenso. En lugar de fortalecer vínculos con esas bases sociales, afirmó, el Ejecutivo optó por acercarse a grupos económicos vinculados a la agroindustria y a las élites empresariales.
El analista mencionó como ejemplos la anulación del impuesto a las grandes fortunas y políticas relacionadas con la propiedad agraria, medidas que —según explicó— fueron percibidas por gran parte de la población como beneficios dirigidos a grupos privilegiados. Esa percepción, dijo, alimentó el descontento y consolidó la idea de que el gobierno gobierna para sectores reducidos y no para las mayorías.
Macusaya agregó que el Ejecutivo cometió otro error de fondo: subestimar el proceso de transformación social y política vivido en Bolivia durante las últimas dos décadas. Aseguró que los sectores populares ya no aceptan ser tratados únicamente como votantes, sino que exigen participar activamente en las decisiones públicas. La exclusión de esas mayorías de los espacios de deliberación “provocó una reacción social cada vez más intensa”.
Desde una perspectiva internacional, el internacionalista Felipe Limarino sostuvo que otra de las grandes debilidades del gobierno fue ignorar elementos centrales de la memoria histórica boliviana y adoptar una política exterior percibida como subordinada a intereses externos.
Limarino afirmó que el alineamiento del Ejecutivo con Estados Unidos generó rechazo en sectores sociales con una fuerte tradición antiimperialista y anticolonial, particularmente en organizaciones indígenas y movimientos sociales del occidente del país. Para estos grupos, explicó, el gobierno reproduce prácticas históricas asociadas a antiguas élites republicanas alejadas del sentimiento popular.
El analista también cuestionó la postura oficial respecto a temas sensibles de identidad nacional, como la relación con Chile y la reivindicación marítima. Consideró que declaraciones que plantean “olvidar el pasado” sobre la demanda marítima fueron interpretadas como una señal de insensibilidad frente a una causa profundamente arraigada en la memoria colectiva boliviana.
A ello sumó cuestionamientos sobre la gestión energética y la seguridad nacional. Limarino criticó la falta de respuestas claras frente al escándalo de la denominada “gasolina basura” y cuestionó la apertura hacia empresas tecnológicas extranjeras vinculadas al manejo masivo de datos, como Starlink y Palantir, advirtiendo posibles riesgos para la soberanía y la democracia.
Los analistas coincidieron en que el gobierno enfrenta una creciente pérdida de legitimidad política producto de la distancia entre sus promesas iniciales y las decisiones adoptadas posteriormente. Mientras Arequipa planteó la necesidad de un “reinicio” político y de reconstruir puentes de negociación, Macusaya advirtió que el Ejecutivo se encuentra atrincherado y sin capacidad de autocrítica.
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