La Paz, 19 Sep. (ANF).- El canciller David Choquehuanca planteó este miércoles la necesidad de modificar el actual Tratado bilateral de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos que, a su juicio, tiene “limitaciones y vacíos” que imposibilitan la entrega de personas requeridas por la justicia de ambos países.
El canciller brindó la mañana de este miércoles un informe oral ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados sobre el rechazo de Estados Unidos a la solicitud boliviana de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Este Tratado de Extradición ha sido firmado y ratificado e intercambiado los instrumentos de representación durante el Gobierno de Sánchez de Lozada y este Tratado de Extradición firmado durante el Gobierno de Sánchez de Lozada tiene limitaciones y vacíos, y esos vacíos se tienen que corregir, estas limitaciones se tienen que superar y eso sólo se hace mediante una firma de un nuevo Tratado de Extradición”, dijo.
Choquehuanca anunció que el Acuerdo Marco de Respeto Mutuo que Bolivia firmó con Estados Unidos, el año pasado, posibilita a ambos países suscribir, a futuro, un nuevo Tratado de Extradición que, esta vez, establezcan plazos.
Además, el canciller enfatizó que “no hay un rechazo definitivo” de Estados Unidos al pedido de extradición de Sánchez de Lozada, pues se puede trabajar en un nuevo exhorto suplicatorio por parte del Tribunal Supremo de Justicia para volver a presentarlo ante Estados Unidos.
De acuerdo al diputado Wilman Cardozo (AS), Sanchez de Lozada “jamás va a volver a Bolivia porque ese Tratado no tiene plazos”. Además lamentó que se deje este asunto en manos de las víctimas de “octubre negro” y del Órgano Judicial.
Los principales argumentos del país norteamericano para negar la entrega de Sánchez de Lozada y sus ministros Joaquín Berindoague Alcócer y Carlos Sánchez Berzaín, acusados por genocidio y otros delitos por la masacre de octubre de 2003, son que la argumentación boliviana no se ajusta al Tratado sobre Extradición firmado entre Bolivia y EEUU y que no existe incompatibilidad entre la legislación boliviana y estadounidense.
Ante esta situación, el Gobierno anunció que prepara una estrategia jurídica para insistir con el pedido de extradición de Sánchez de Lozada. El vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, afirmó que “las acciones siguientes serán definidas por las instancias correspondientes”.
Sánchez de Lozada y sus ex ministros son acusados por genocidio, homicidio, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad, vejaciones y tortura, entre otros por la “masacre de octubre” en la que murieron más de 60 personas.
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