La Paz, 18 de diciembre de 2025 (ANF).- Los ayllus de Oruro se declararon en estado de emergencia y exigieron al vicepresidente Edmand Lara que intervenga para dejar sin efecto el Decreto Supremo 5503, al considerar que la norma perjudica directamente a las organizaciones sociales y al sector campesino. La demanda fue expresada durante una reunión sostenida con la autoridad nacional, donde los representantes originarios manifestaron su rechazo “contundente” al decreto y pidieron su abrogación inmediata.
Durante el encuentro, los dirigentes cuestionaron a las autoridades del Órgano Ejecutivo por priorizar intereses personales y no responder a las demandas de las bases que los eligieron. Señalaron que, una vez en el poder, tanto el presidente como el vicepresidente deben actuar como autoridades nacionales que representen al pueblo y no gobernar de espaldas a las organizaciones sociales.
“Voy a recomendar al hermano vicepresidente que intervenga en ese decreto, en ese decreto, hermano vicepresidente. Y nosotros rechazamos contundentemente el decreto supremo 5503 que ha sido emanado ayer. Y pedimos la abrogación inmediata, inmediata, hermanos, tata autoridades como hermanos y hermanas bolivianas”, manifestaron los ayllus al vicepresidente.
Los ayllus advirtieron que mantendrán el estado de emergencia hasta que el Gobierno dé una solución concreta y atienda su pedido de abrogación del decreto. En ese marco, señalaron que la responsabilidad queda ahora en manos de las autoridades nacionales que los representan.
En paralelo, organizaciones campesinas del departamento de Potosí anunciaron el inicio de bloqueos de carreteras a partir de mañana si el Gobierno no restituye la subvención a los carburantes y no abroga el Decreto Supremo 5503 en un plazo de 24 horas. La advertencia fue realizada por dirigentes de la Federación de Campesinos, quienes calificaron al decreto como una medida que “castiga al pobre” y beneficia a los sectores con mayores recursos.
El dirigente Simeón Serrano afirmó que las organizaciones sociales se encuentran en alerta permanente y que, de no haber una respuesta inmediata del Ejecutivo, se movilizarán en carreteras, caminos y calles del departamento. Además, convocó a la unidad de los distintos sectores sociales, entre ellos mineros, transportistas, maestros y personal de salud, para respaldar las medidas de presión.
“Nosotros como organizaciones sociales, pedimos a este gobierno incapaz, que ha sacado este decreto, que abrogue en 24 horas esta ley, porque está fregando a nuestras organizaciones sociales, también está castigando al pobre campesino, a la gente pobre”, exigió Serrano.
Las organizaciones anunciaron que emitirán resoluciones instruyendo a las centrales provinciales a sumarse a las movilizaciones, advirtiendo que las protestas se mantendrán hasta que el Gobierno atienda sus demandas.
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