La Paz, 11 de marzo de 2026 (ANF).- Tras la adhesión de Bolivia a la iniciativa de seguridad regional conocida como “Escudo de las Américas”, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analistas, políticos y especialistas en política internacional advirtieron que la participación del país en esta alianza podría implicar un alineamiento geopolítico profundo con Washington, con consecuencias para la soberanía, la política exterior y el control de recursos estratégicos.
El investigador y analista Roger Cortez sostuvo que la reunión en torno al Escudo de las Américas no debe interpretarse únicamente como un mecanismo de cooperación en seguridad. A su juicio, representa la implementación abierta de una versión renovada de la Doctrina Monroe, bajo la cual Estados Unidos busca recuperar su dominio económico, ideológico y geoestratégico en el continente frente al avance de China.
Según Cortez, el gobierno del presidente Rodrigo Paz parece asumir su participación como inevitable, pero al mismo tiempo la presenta con un “candoroso entusiasmo”. A su juicio, existe la idea equivocada de que una relación estrecha con Washington traerá beneficios automáticos, como mayor acceso a créditos de organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sin embargo, el analista advirtió que esta aproximación puede derivar en una relación de subordinación. “Hablar de ‘apertura al mundo’ es un eufemismo para ocultar un reacomodo geopolítico basado en la obediencia y el sometimiento a los planteamientos de Washington”, sostuvo en contacto con ANF.
En ese escenario, dijo Cortez, Bolivia podría terminar en lo que denomina un “encadenamiento humillante”, caracterizado por la falta de capacidad real de negociación y la aceptación de condiciones que comprometan recursos y soberanía.
Cortez también alertó sobre la posibilidad de una presencia militar directa de Estados Unidos en territorio boliviano. En su criterio, dentro de esta nueva arquitectura de seguridad hemisférica la presencia de agencias como la DEA sería secundaria frente a un eventual despliegue territorial o incluso la instalación de bases militares, algo que el gobierno —dijo— parece ignorar.
Una lectura similar sobre el trasfondo geopolítico de la alianza fue planteada por el exministro de Gobierno, en el gobierno del MAS, Carlos Romero, quien consideró que la iniciativa se inscribe en una reconfiguración del orden mundial en la que las grandes potencias compiten por sectores económicos estratégicos.
Desde su perspectiva, el objetivo de Washington es asegurar que América Latina funcione como un “patio trasero disciplinado”, garantizando condiciones favorables para sus intereses políticos y económicos.
Romero advirtió que un alineamiento político con Estados Unidos no garantiza necesariamente beneficios económicos. Como ejemplo mencionó el caso de Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, donde, pese al discurso fuertemente promercado y proestadounidense, la inversión extranjera no ha mostrado el crecimiento esperado.
Asimismo, sostuvo que el acercamiento a Washington podría facilitar el acceso a créditos internacionales, pero advirtió que estos podrían convertirse en una “trampa financiera” similar a la experimentada por varios países latinoamericanos en los años setenta, cuyas deudas derivaron posteriormente en crisis económicas e hiperinflación en la década de 1980.
El exministro de los gobiernos del expresidente Evo Morales (2006-2019) también identificó contradicciones en la política de seguridad del gobierno boliviano. Mientras el ministro de Defensa habría comprometido en Estados Unidos una estrategia de militarización contra el narcoterrorismo en el marco del Escudo de las Américas, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo en foros internacionales, en Viena, que el problema de las drogas debe abordarse como un tema de salud pública.
Para Romero, esta ambigüedad podría abrir la puerta a la utilización política de conceptos como “narcoterrorismo”, que podrían ser aplicados de manera discrecional contra actores considerados contrarios al orden político impulsado desde el norte.
En esa línea, el investigador asociado del Observatorio de la Política Exterior Boliviana (OPEXBOL), Felipe Limarino, consideró que la participación de Bolivia en esta alianza implica un alineamiento profundo con la política exterior estadounidense, con implicaciones que van más allá de lo económico y alcanzan incluso una dimensión “civilizacional”.
Para Limarino, integrarse al Escudo de las Américas significa adoptar la lógica de seguridad hemisférica definida por Washington, cuyo objetivo es excluir de la región la influencia de potencias como China, Rusia e Irán.
El investigador advirtió que este giro podría resultar particularmente complejo para la economía boliviana debido a su fuerte dependencia comercial de China. En algunos sectores, señaló, hasta el 97% de las mercancías provienen de ese país, por lo que una ruptura abrupta con Pekín podría generar impactos económicos significativos.
Además, Limarino sostuvo que detrás de la alianza existe un interés estratégico por asegurar las cadenas de suministro de minerales y tierras raras necesarios para el desarrollo tecnológico estadounidense, particularmente en sectores vinculados a la inteligencia artificial.
El analista también anticipó que, bajo este nuevo marco de seguridad, el gobierno boliviano podría revisar o incluso cancelar acuerdos con empresas rusas o chinas, como los proyectos Mutún, los contratos de industrialización del litio y la cooperación con la empresa rusa Rosatom en el Centro de Medicina Nuclear de El Alto.
El Escudo de las Américas, realizado en Miami, busca articular una coalición regional contra el narcotráfico y el crimen organizado mediante inteligencia y cooperación militar. Participaron gobiernos como Argentina, Bolivia y Paraguay, aunque no asistieron Brasil, México ni Colombia. También apunta a frenar la migración irregular y la influencia de China en la región.
"Informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch analizan la política exterior de Donald Trump y señalan un refuerzo de la influencia de Estados Unidos mediante presencia militar en Medio Oriente y respaldo político y militar a Israel en la guerra en Gaza. Expertos y relatores vinculados a la ONU han advertido sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario.
En América Latina y el Caribe, reportes de estas organizaciones mencionan ejecuciones extrajudiciales, sanciones económicas, aranceles, presiones diplomáticas y políticas migratorias restrictivas, incluidas deportaciones, además de denuncias presentadas por autoridades de Venezuela en foros internacionales".
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