La Paz, 7 de octubre de 2025 (ANF). - La renuncia de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pone en riesgo el desarrollo de la segunda vuelta, el control constitucional en esa instancia judicial y la estabilidad del próximo gobierno, advirtió el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia.
El jurista, en declaraciones a la ANF, afirmó que llama la atención que esa solicitud se realice en medio de las últimas denuncias que surgieron por un supuesto fraude en las elecciones generales del 17 de agosto. A su criterio, ambos hechos no son una casualidad, sino fueron planificados y tienen el objetivo de anular las elecciones.
“Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia exigiendo la renuncia de los autorprorrogados que solo perjudicará el desarrollo de las elecciones, también pone en riesgo la estabilidad del nuevo gobierno. A eso se suma que Evo Morales está en ese afán de deslegitimar no solo al nuevo gobierno cuando promovió el voto nulo, sino que ahora la intención está orientada en dos momentos claves: la propia realización de la segunda vuelta y la ascensión del nuevo presidente”, manifestó.
A través de sus redes sociales, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, pidió la renuncia inmediata de los cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del TCP, a quienes acusó de dañar la democracia. Incluso oficializó una demanda penal por resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones contra Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo.
En ese sentido, Goitia criticó que el presidente del TSJ recién asuma ese tipo de acciones a casi un año de compartir la administración de justicia del país con los autoprorrogadpos, además que no se busquen o presenten soluciones alternativas para el cese de mandato de los magistrados cuestionados.
“Lamento que el presidente del Tribunal Supremo salga con ese mensaje a través de sus redes sociales en un momento tan inoportuno, convivió casi 1 año con los autorprorrogados y no hizo nada en ese tiempo. No entiendo sinceramente a qué fin que responde este escenario, porque tampoco presenta soluciones”, puntualizó.
En su criterio, la situación de los magistrados interinos debe ser resuelta por la nueva Asamblea Legislativa y el gobierno entrante, quienes deberán aplicar soluciones alternas mientras se avanza con la reforma judicial que parte con modificar la Constitución Política del Estado (CPE).
“Esta Asamblea Legislativa no puede asumir ese rol porque ni siquiera pudieron llevar a cabo un proceso de preselección de postulantes bajo los parámetros exigidos por la norma, además ya le queda poco tiempo para hacerlo”, añadió.
Objeta proyecto de ley
Por otra parte, Goitia objetó el proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Senadores para el cese de mandato de los magistrados porque vulnera la Constitución y las normas, además pone en riesgo el trabajo en el TCP y el control constitucional.
“Entrando al contenido de ese proyecto de ley, es una norma absolutamente inconstitucional que declara la inaplicabilidad de otra ley que es contrario al sentido básico de una norma constitucional. Además, se suma el hecho que todas las tareas del Tribunal terminen en manos de cuatro personas excluyendo el control de constitucionalidad”, resaltó.
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