La Paz, 29 de septiembre de 2025 (ANF).- El sector cooperativista minero protagonizó este lunes dos masivas movilizaciones en el país: en Potosí, los trabajadores demandaron áreas de trabajo para salir del deteriorado Cerro Rico; mientras que en La Paz exigieron al Gobierno garantizar el abastecimiento de diésel y material explosivo, además de seguridad jurídica para sus operaciones.
En Potosí, miles de cooperativistas marcharon hasta la Plaza 10 de Noviembre reclamando que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) otorgó yacimientos ricos en minerales a privados, mientras que a las cooperativas se les asignaron espacios de escasa productividad. “Necesitamos áreas de trabajo reales para dejar el Cerro Rico”, manifestó Óscar Chavarría, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin).
La protesta se desarrolla en medio de un momento crítico para el emblemático yacimiento, declarado Patrimonio de la Humanidad. Un informe de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) advirtió sobre el inminente colapso de la parte alta de la montaña por la continua explotación.
Marcha en La Paz
De forma paralela, en la ciudad de La Paz, delegaciones de cooperativistas de diferentes regiones marcharon desde El Alto hasta el centro paceño, denunciando desabastecimiento de diésel y dinamita, insumos claves para la actividad minera. “Como sector productivo generamos empleos directos e indirectos, no pedimos un peso al Gobierno, pero no cumplen los compromisos y estamos en emergencia”, declaró Ramón Hidalgo, presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol).
Los manifestantes hicieron explotar petardos y algunos cachorros de dinamita en su recorrido por las principales calles paceñas, lo que generó congestionamiento vehicular. Durante el mitin final, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecoman), Efraín Silva, advirtió que, si no hay respuesta del Ejecutivo, las protestas se masificarán: “Ya no podemos soportar estos atropellos de las autoridades”.
Ambas marchas reflejan la creciente presión de las cooperativas mineras hacia el Gobierno, que enfrenta reclamos tanto por la asignación de áreas productivas como por el abastecimiento de insumos básicos, en un contexto de deterioro ambiental y conflictos con los trabajadores asalariados.
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