La Paz, 22 de abril de 2026 (ANF).- La participación política de las mujeres en Bolivia continúa marcada por la desigualdad, el acoso y la violencia, pese a la existencia de normas que promueven la paridad y sancionan estas prácticas. Activistas y representantes de organizaciones coincidieron en que los avances legales no han logrado transformar las estructuras de poder ni las dinámicas sociales que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
Grover Sinka, representante de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), sostuvo que persiste en la sociedad boliviana una percepción arraigada de que las mujeres no son aptas para asumir cargos públicos de alto nivel, particularmente en el ámbito ejecutivo municipal. Según explicó, esta idea no es solo simbólica, sino que se traduce en barreras concretas que dificultan su acceso a espacios de decisión.
“El imaginario patriarcal sigue vigente y condiciona tanto a los partidos políticos como a las organizaciones sociales, donde aún se cree que el liderazgo corresponde preferentemente a los hombres”, señaló Sinka en entrevista con ANF.
Esta visión, añadió, incide directamente en la baja representación femenina en las alcaldías.
Los datos respaldan esta afirmación. De los 335 municipios del país, solo 31 están encabezados por alcaldesas, lo que representa menos del 10% del total, a pesar de que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población.
En contraste, se registra cerca de un millar de concejalas, lo que evidencia que, si bien la paridad ha tenido mayor impacto en los órganos legislativos municipales, persiste una barrera estructural en el acceso a cargos ejecutivos.
Para Sinka, esta desigualdad también se refleja en las condiciones en las que las mujeres desarrollan su actividad política. “Una mujer debe hacer el doble o el triple de esfuerzo para posicionarse”, afirmó.
Las candidatas enfrentan campañas marcadas por ataques personales, desinformación y cuestionamientos a su capacidad basados en su género, más que en sus propuestas.
Este contexto, advirtió, se agrava con la violencia política, que opera como un mecanismo de exclusión. De acuerdo con datos de Acobol, los casos atendidos reflejan una problemática persistente: 118 en 2024, 76 en 2025 y 29 en lo que va de 2026.
Aunque las cifras varían, la tendencia muestra que el fenómeno se mantiene activo y afecta el ejercicio de la función pública.
Desde el enfoque de derechos humanos, Mary Marka, del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, advirtió que la situación no solo persiste, sino que se está profundizando. Según explicó, la violencia política se ha sofisticado y se manifiesta como una respuesta frente a mujeres que buscan ejercer plenamente sus funciones, especialmente aquellas vinculadas a la fiscalización.
“Los partidos cumplen formalmente con la paridad para habilitarse en elecciones, pero una vez que las mujeres asumen el cargo, enfrentan un ciclo sistemático de acoso para impedir que trabajen”, afirmó Marka a ANF.
Este proceso, añadió, reproduce patrones históricos de exclusión y responde a una estructura patriarcal que sigue relegando a las mujeres al ámbito doméstico.
La activista alertó que muchas autoridades atraviesan una “ruta de violencia” similar a la que vivió la exconcejala Juana Quispe, quien fue asesinada tras denunciar acoso político.
Según Marka, el riesgo se incrementa cuando las mujeres fiscalizan la gestión pública o cuestionan irregularidades, lo que las expone a represalias.
Además, dentro de los propios concejos municipales, se reproduce una lógica de segregación. Las concejalas suelen ser asignadas a comisiones con menor incidencia política, como las de desarrollo humano o derechos humanos, mientras son excluidas de áreas estratégicas como infraestructura o grandes obras, donde se concentran los recursos y la toma de decisiones.
En cuanto al marco normativo, Marka reconoce que Bolivia cuenta con leyes específicas para prevenir y sancionar el acoso y la violencia política, pero cuestiona su efectividad. “El problema no es la falta de norma, sino su aplicación”, sostuvo.
Entre las principales limitaciones, identificó la falta de respuesta institucional. Instancias como la Policía, la Fiscalía o los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) presentan alta rotación de personal y escaso conocimiento sobre la normativa vigente, lo que deriva en una atención limitada a la recepción de denuncias, sin acompañamiento efectivo en los procesos judiciales.
Asimismo, señaló que el sistema electoral no garantiza la protección de las mujeres una vez que asumen funciones. “Se les entrega la credencial, pero no existe un mecanismo que asegure que puedan ejercer su mandato sin presiones o violencia”, explicó.
A esto se suman campañas de sensibilización que, en criterio de Marka, han sido insuficientes y meramente simbólicas, sin lograr modificar las relaciones de poder en el ámbito local.
Tanto Sinka como Marka coinciden en que, si bien se han registrado avances —como el incremento de alcaldesas de 22 en 2021 a 31 en la actualidad—, estos resultan aún limitados frente a un sistema que continúa reproduciendo desigualdades estructurales.
/FC/
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