La Paz, 30 de septiembre de 2025 (ANF).- La violencia sexual no debe verse únicamente como un crimen que debe ser sancionado, sino también como un problema de salud pública y una emergencia médica. Así lo sostuvo Malena Morales, directora de Ipas Bolivia, quien advierte que la atención inmediata en estos casos puede salvar vidas y prevenir consecuencias irreversibles.
Morales explicó que la violencia sexual constituye un problema de salud pública por tres factores principales: el riesgo directo que implica para la integridad física y emocional de las víctimas, los elevados costos en la atención de complicaciones médicas, y la creciente magnitud de los casos registrados en el país. “Es la forma de violencia que más efectos secundarios tendrá en la vida de los seres humanos”, señaló en un taller organizado por la red RedActora.
La especialista remarcó que se trata de un fenómeno universal que afecta a mujeres, niñas, adolescentes, niños e incluso varones, y que está profundamente vinculado a las inequidades de género. En la mayoría de los casos, los agresores no son desconocidos, sino que se encuentran dentro del propio hogar, lo que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas.
Para Morales, considerar la violencia sexual como una emergencia médica implica entender que las primeras 72 horas tras la agresión son decisivas. Durante este periodo, la víctima debe acudir a un centro de salud para recibir atención preventiva. “Ese tiempo es clave porque marca la diferencia entre prevenir consecuencias graves o tener que asumir tratamientos de por vida”, afirmó.
Los servicios esenciales que deben brindarse incluyen contención emocional para evitar sentimientos de culpa y vergüenza, la administración de anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no deseados, profilaxis contra infecciones de transmisión sexual, tratamiento de traumatismos físicos y la recolección de evidencias médico-legales para el proceso judicial.
Morales subrayó que, después de las 72 horas, el enfoque cambia hacia el tratamiento, ya que la eficacia de la anticoncepción de emergencia y la recolección de evidencias disminuye. En esta etapa, la atención se centra en la terapia psicológica y en el tratamiento de infecciones ya adquiridas, incluyendo casos de VIH que requieren atención de por vida.
La directora de Ipas Bolivia también advirtió sobre los efectos de la violencia sexual en la salud mental. Explicó que la agresión puede provocar alteraciones físicas en el cerebro, como la reducción del hipocampo, y desencadenar depresión, ansiedad, insomnio, ataques de pánico o conductas autodestructivas como el alcoholismo y el suicidio.
Morales enfatizó que tratar la violencia sexual como un asunto exclusivamente penal es insuficiente. “No se trata solo de castigar al agresor, sino de salvar la vida, la salud y la dignidad de la víctima. La violencia sexual debe ser vista como lo que es: una emergencia médica y un desafío de justicia social”, concluyó.
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