La Paz, 7 de julio de 2025 (ANF).- Un estudio reciente realizado en El Alto, Potosí y Riberalta revela cómo los discursos y normas sociales en Bolivia contribuyen a la normalización y perpetuación de la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres. La investigación, liderada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC), con apoyo del UNFPA, expone prácticas culturales arraigadas que justifican, minimizan o invisibilizan estos delitos.
El análisis identifica una tendencia a atribuir la violencia sexual a factores individuales, como la “falta de educación”, ignorando su dimensión estructural. Funcionarios públicos y comunidades suelen reducir el problema a dinámicas familiares, omitiendo el rol de las desigualdades de género y el patriarcado.
Los testimonios recogidos muestran un patrón recurrente de culpabilización hacia las víctimas, especialmente menores de edad. Frases como “¿la mamá dónde estaba?” o “se hicieron violar” desplazan la responsabilidad del agresor y refuerzan estereotipos machistas. El consumo de alcohol por parte de las víctimas es frecuentemente señalado como un factor exculpatorio.
El alcohol también se utiliza para justificar las acciones de los agresores, presentándolos como “fuera de control”. Además, se recurre a argumentos biologicistas, como los “instintos masculinos”, para naturalizar comportamientos violentos. En Riberalta, incluso el clima cálido y la vestimenta de las niñas son usados como excusas.
La violencia sexual dentro de relaciones conyugales rara vez es reconocida como tal. Muchas mujeres describen actos no consentidos como “obligaciones maritales”, y las instituciones suelen registrar estos casos como violencia física, ignorando su componente sexual.
Las víctimas enfrentan procesos judiciales largos y burocráticos, donde son obligadas a repetir sus testimonios múltiples veces. La falta de empatía y la desconfianza en el sistema desalientan las denuncias. En El Alto, el diagnóstico forense de “himen elástico” ha sido usado para desestimar casos de violación, especialmente en niñas de origen indígena.
Las familias suelen presionar a las víctimas para silenciar los abusos, especialmente cuando el agresor es un miembro del núcleo familiar. En Potosí, se prioriza la “unidad familiar” sobre la justicia, y en El Alto, los acuerdos económicos con los agresores son comunes.
Representación Mediática Sesgada
Los medios de comunicación contribuyen a la minimización del problema mediante el uso de eufemismos como “relaciones sexuales” para describir violaciones. Además, privilegian las voces institucionales sobre los testimonios de las víctimas, reforzando narrativas que las despersonalizan.
Las normas sociales en las comunidades estudiadas fomentan el silencio y la impunidad. La violencia sexual se trata como un asunto privado, donde el “honor familiar” prevalece sobre los derechos de las víctimas. Esto perpetúa ciclos de abuso y dificulta el acceso a la justicia.
Resistencia al Cambio
A pesar de los avances legales, como la Ley N° 348, persisten resistencias culturales e institucionales. Profesionales de salud y activistas señalan que las transformaciones requieren un abordaje integral, que combine educación, sensibilización y reformas estructurales.
El estudio sugiere fortalecer la Educación Integral en Sexualidad, capacitar a funcionarios públicos y promover campañas mediáticas que eviten la revictimización. También destaca la necesidad de involucrar a hombres y jóvenes en la deconstrucción de estereotipos de género.
Los datos del Ministerio Público (2025) reportan más de 11.000 casos de violencia sexual en Bolivia, aunque se estima que las cifras reales son mayores debido a la subnotificación. La impunidad supera el 56%, según el INE.
La violencia sexual en Bolivia no es un problema aislado, sino el resultado de un entramado de discursos y prácticas que la naturalizan. Combatirla requiere desafiar las normas sociales patriarcales y construir una cultura de respeto y dignidad para todas las mujeres.
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