La Paz, 6 de marzo de 2026 (ANF).- Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron sobre el recrudecimiento de los feminicidios y de las agresiones machistas, en un contexto donde las respuestas del Estado resultan insuficientes y donde la impunidad, la falta de prevención y las estructuras patriarcales continúan alimentando el problema.
Eulogia Tapia, del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, sostuvo que el panorama actual muestra un deterioro alarmante. A su juicio, lejos de disminuir, la violencia se está naturalizando y reaccionando con mayor brutalidad frente a los avances de las mujeres en la defensa de sus derechos.
“La violencia está aumentando cada día y se expresa con una crueldad extrema. Hemos llegado a registrar hasta tres feminicidios en un solo día”, advirtió Tapia en contacto con ANF, quien señaló que solo en febrero de 2026 se registraron 14 feminicidios, a los que se suman nuevos casos en los primeros días de marzo.
La defensora explicó que el departamento de La Paz continúa encabezando lo que denomina “la lista de la vergüenza” desde 2014. Dentro de ese escenario, el municipio de El Alto aparece como uno de los lugares donde la violencia se manifiesta con mayor frecuencia.
Tapia relató casos recientes que reflejan el grado de brutalidad que está alcanzando la violencia machista. “Estamos viendo hechos donde la violencia proviene del entorno familiar más cercano. Incluso se han registrado asesinatos de madres y niños dentro del propio círculo familiar. Esto nos obliga a preguntarnos qué está pasando con la humanidad y con la capacidad de protección de la sociedad”, afirmó.
Para la activista, uno de los principales factores que alimenta la continuidad de estos crímenes es la crisis del sistema de justicia. Cuestionó las cifras oficiales que hablan de altos niveles de resolución de casos.
“La fiscalía habla de un 90% o 99% de casos resueltos, pero eso no refleja la realidad. Muchas veces el agresor es detenido, pero termina saliendo libre a los pocos meses por chicanas legales, corrupción o cambios en la tipificación del delito”, sostuvo.
Según Tapia, además del problema de impunidad existe una carga económica que recae sobre las víctimas y sus familias, pese a que la ley señala que la justicia es gratuita. A ello se suma, dijo, una mentalidad patriarcal que aún persiste en operadores judiciales.
“Muchos jueces y fiscales siguen teniendo una visión machista y, en algunos casos, incluso se solidarizan con los agresores. Es un problema estructural que nace desde la formación universitaria de los abogados”, afirmó.
Una preocupación similar expresó Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, quien describió la violencia machista como un problema estructural que no está recibiendo respuestas acordes a su gravedad.
“Los niveles de violencia no están disminuyendo, al contrario, se están volviendo cada vez más crueles y sádicos”, alertó.
De acuerdo con los datos que maneja la organización, en los primeros 62 días de 2026 ya se registraron más de 18 feminicidios en el país.
“Estos crímenes no son reacciones exageradas ni hechos aislados. Son actos brutales y muchas veces premeditados”, afirmó Sánchez en entrevista con ANF.
La activista explicó que el problema no se limita a los feminicidios. Bolivia registra alrededor de 130 denuncias de violencia contra las mujeres cada día, una parte significativa de ellas vinculadas a violencia sexual contra niñas y adolescentes.
“Cada feminicidio deja además consecuencias devastadoras. En lo que va del año ya hay más de una decena de niños y niñas que quedaron huérfanos”, indicó.
Sánchez señaló que Bolivia cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados de la región en materia de derechos de las mujeres, pero advirtió que existe una profunda brecha entre las leyes y su aplicación real.
También expresó preocupación por algunos discursos oficiales que, a su criterio, no reflejan la diversidad social del país, en referencia al lema “Dios, Patria y Familia”.
“Los datos del censo muestran que existen múltiples tipos de familia y muchas están encabezadas por mujeres solas. Por eso estos discursos nos generan inquietud”, señaló.
Por su parte, Mary Marka, también integrante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, consideró que la situación actual refleja un estancamiento e incluso retrocesos en la garantía de derechos.
“Existe un letargo en los administradores de justicia que impide que las mujeres reciban una protección real”, afirmó a ANF.
Marka advirtió que la violencia contra las mujeres no solo ocurre en el ámbito doméstico, sino también en espacios laborales, donde muchas enfrentan situaciones de acoso sexual.
“El acoso sexual está presente tanto en el sector formal como en el informal. Muchas mujeres tienen que soportarlo por miedo a perder su fuente de trabajo”, explicó.
Asimismo, cuestionó el énfasis oficial en la defensa de la familia como eje central de las políticas públicas.
“El discurso de fortalecer la familia invisibiliza lo que justamente ocurre dentro de la familia, gran parte de la violencia y de las violaciones sexuales contra niñas”, sostuvo.
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