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Economía

“Perdonazo tributario”: Analista dice que el Estado podría dejar de percibir un equivalente al 0,5% o 1% del PIB

Entre las propuestas que concentra ese proyecto de ley está la condonación total de las deudas tributarias menores a Bs 10 millones, más intereses y multas, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2017.
20 de febrero, 2026 - 11:16
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Imagen referencial. Foto:  SCE
Imagen referencial. Foto: SCE

La Paz, 20 de febrero del 2026 (ANF).- El economista y analista Fernando Romero sostuvo que el “perdonazo tributario” o “alivio tributario” propuesto por el Gobierno sólo reducirá los ingresos fiscales equivalentes al 0,5% o 1% del Producto Interno Bruto (PIB), pero también podría incentivar la recaudación por esos mismos niveles.

La jornada pasada, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, comunicó que enviaron un proyecto de “Ley de Transparencia y Alivio Tributario”, con el que se busca condonar deudas, formalizar la economía e implementar un nuevo sistema tributario en el país.

Entre las propuestas que concentra ese proyecto de ley está la condonación total de las deudas tributarias menores a Bs 10 millones, más intereses y multas, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2017.

Para los que tienen obligaciones pendientes desde el 2018 al 2026, se perdonarán las deudas y los intereses. 

“Más allá de los beneficios a los empresarios y al sector formal de la economía, el Estado podría dejar de percibir ingresos fiscales equivalentes al 0,5% o al 1% del PIB, aproximadamente. De igual manera, en un escenario ‘optimista’ se podría generar una mayor recaudación tributaria aproximadamente entre el 0,6% y 0,9% del PIB”, sostuvo Romero.

Espinoza anunció que, de aprobarse la ley, el nuevo régimen impositivo permitirá la formalización de pequeños emprendedores y proveedores de los servicios con la integración de los impuestos IVA, IT e IUE/RC IVA en un solo pago bimensual de un 5 % sobre el ingreso bruto por ventas menores a 400.000 bolivianos al año.

Otra de las medidas contempladas es la prescripción de los plazos. Actualmente, la norma establece ocho años para las fiscalizaciones a los contribuyentes, pero con la nueva ley ese periodo se acortará a cuatro años, como máximo.

El analista sugirió cuantificar y socializar los beneficios y perjuicios financieros para evaluar realmente el beneficio del proyecto de ley.

“Más allá de los pros y contras de esta reforma tributaria, hay un tema político muy importante, ya que es la Asamblea Legislativa quien dará viabilidad o no a esta norma”, advirtió.

 

 

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