La Paz, 22 noviembre (ANF).- El Ministerio de Trabajo solicitó mediante una nota enviada el 21 de noviembre a la empresa Sinchi Wayra S.A, asumir las deudas sociolaborales incumplidas por la empresa peruana Congemin Jh Bolivia SRL, que se fugó del país sin pagar los beneficios sociales a sus trabajadores.
En atención a las denuncias presentadas ante la Jefatura Departamental de Trabajo, señala la carta, se denota el incumplimiento del pago de beneficios sociales, desahucio y otros derechos a los trabajadores que operaban hasta hace poco en la mina Bolívar, por lo que se recuerda a la empresa contratante, que hay normas que prevén este tipo de situaciones.
“Nos permitimos recordarles lo establecido en el numeral II del artículo 5 del decreto supremo 521 el mismo que indica que: los empleadores que ocupen trabajadores o trabajadoras a través de otras empresas, en actividades propias y permanentes, al giro del establecimiento laboral, son responsables de todas las obligaciones sociolaborales, así como de los aportes a la seguridad social”, señala la carta dirigida a Luis Felipe Hartmann, representante legal de Sinchi Wayra.
La empresa peruana Congemin Jh Bolivia SRL, huyó del país sin honrar el pago de beneficios sociales a sus dependientes que trabajaban hasta hace un par de semanas en la mina Bolívar del departamento de Oruro.
“A ese efecto y en virtud de llegar a la solución del problema que cuentan cada uno de los ex trabajadores de la empresa Congemin Jh Bolivia SRL es que solicitamos a su persona realice las gestiones correspondientes para que la indicada empresa resuelva y se haga responsable a la brevedad posible de las deudas sociolaborales que tiene cada uno de sus extrabajadores”, señala la misiva en la parte resolutiva.
Antecedentes del caso
El director General del Trabajo, Miguel Albarracín señaló que recién el 15 de noviembre, los trabajadores denunciaron el extremo en la distrital de Oruro, aunque admitió que se hizo inspecciones anteriores debido a algunas denuncias por incumplimiento a las leyes laborales y sociales.
“Trabajadores de la empresa, recién en fecha 15 de noviembre de 2018 presentan sus denuncias por el no pago de beneficios sociales, alrededor de 25 trabajadores. Denuncias que fueron atendidas por esta cartera de Estado con la emisión de citación”, señala el informe del inspector, Juan Tórrez dirigida al Director General del Trabajo.
Consultado por la situación de indefensión en la que quedaron los trabajadores, tras el abandono físico de la empresa peruana del país, incluida su maquinaria, Albarracín dijo: “es el trabajador el que toma las medidas más adecuadas, si el trabajador no toma ninguna acción, el Estado no puede tomar acciones a nombre de los particulares”.
Sin embargo señaló que las empresas extranjeras cuando se constituyen en el país deben cumplir una serie de requisitos, como garantías patrimoniales y personales, y cuando estas incumplen leyes sociales y/o laborales son pasibles incluso a la orden la detención de sus representantes por parte de un juez competente.
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