La Paz, 6 de octubre de 2025 (La Región).- La mañana del 20 de enero de 2023, un entusiasta presidente Luis Arce anunció el inicio de la era de industrialización del litio boliviano. Frente a un auditorio lleno de invitados en la Casa Grande del Pueblo —sede de Gobierno—, auguró que, para el primer trimestre de 2025, el país estaría exportando baterías de litio fabricadas con materia prima local. “Hoy es un día histórico para todos nosotros. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que el país se sienta en el camino correcto del aprovechamiento de uno de sus recursos naturales tan preciados como es el litio boliviano?”, le dijo a los asistentes.
Con su presencia en el acto, Arce buscaba subrayar el carácter histórico de la firma del primer acuerdo entre la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino Hong Kong CBC integrado por tres empresas. Tras varios intentos fallidos por entrar en el negocio internacional de este mineral, considerado crítico para la transición energética global, el presidente apuntaba a que —por fin— Bolivia lograría vender sus recursos naturales con valor agregado, y no como un simple commodity. “No hay tiempo que perder”, repitió un par de veces.
El Ministerio de Hidrocarburos explicó en ese momento que la firma comprometía a las partes a poner en marcha dos complejos industriales, para trabajar a partir de una tecnología conocida como ‘extracción directa de litio’ (EDL). “Una solución viable, real y de rápida implementación”, la describió el entonces ministro Franklin Molina. Ambas instalaciones producirían hasta 25.000 toneladas de carbonato de litio por año en los salares de Uyuni (en el departamento de Potosí) y Coipasa (en Oruro), según cálculos del gobierno.
El carbonato de litio es la presentación comercial más común de este recurso. Se trata de un compuesto químico de litio, carbono y oxígeno, indispensable para la fabricación de baterías con las que funcionan vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que hoy todavía mueven gran parte del transporte mundial. También resulta fundamental en sistemas de almacenamiento de electricidad que hacen posible aprovechar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como el sol o el viento. El transporte y la generación de energía eléctrica son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.
En ese mercado estratégico, Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de recursos de litio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), uno de los mayores volúmenes en el mundo. Sin embargo, aún no ha certificado sus reservas, la parte de los recursos que es económicamente explotable.
Cinco meses después del anuncio de Arce, YLB tuvo que salir a aclarar que lo que se había presentado en enero de 2023 era un convenio de estudio, no un contrato para construir las plantas industriales. La diputada María José Salazar y otros congresistas de oposición, así como actores civiles y políticos le reclamaron al gobierno que el documento no se conociera ni hubiera pasado por la Asamblea Legislativa. Según estipula el artículo 158 numeral 12 de la Constitución, el Legislativo debe “aprobar los contratos de interés público referidos a recursos naturales y áreas estratégicas, firmados por el Órgano Ejecutivo”.
En junio de 2023, año y medio después de que el presidente Vladimir Putin invadiera Ucrania, el gobierno boliviano suscribió un nuevo acuerdo. Esta vez para la “creación de una planta de producción, con una capacidad de 25 mil toneladas de carbonato de litio al año, sobre la base del salar de Pastos Grandes”. Lo hizo con Uranium One Group, una empresa filial del gigante estatal ruso Rosatom. Exactamente un año después, el propio Arce se reunió en Rusia con el presidente de Rosatom, Alexey Likhachev, para hablar de litio, pese a que éste había sido sancionado por Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Australia justo por la invasión rusa a su país vecino.
Entre 2023 y 2024, Bolivia ha firmado14 documentos con el rótulo de “convenios”, según se desprende de una infografía publicada por la propia empresa estatal YLB en julio pasado y todavía disponible en su página web. Tal nombre le permitió hacer acuerdos sin enviarlos a la Asamblea Legislativa. “Estamos hablando de una primera etapa de convenios, que están dentro de las facultades que Yacimientos de Litio Bolivianos tiene para poder efectuar. Con seguridad, a la finalización de estos convenios, en el caso de tener éxito, se suscribirán los concernientes contratos que —en efecto, de acuerdo a normativa— tienen que ser publicados y también aprobados por la Asamblea”, le dijo al medio local Erbol la ahora expresidenta de la empresa estatal, Karla Calderón, en 2024.
De los anuncios públicos, se sabe que las empresas con las que hay convenios sonde seis países con fines de estudio y aprovechamiento—China, Rusia, Australia-Alemania, Francia y Argentina—, sin que hasta ahora se conozca su contenido ni la manera en que se están ejecutando.
Esa opacidad ha despertado preocupación en amplios sectores de la sociedad boliviana. “Yo les llamo instrumentos, porque no se conoce su alcance ni las responsabilidades de las partes”, advierte el sociólogo Marco Gandarillas, investigador de la organización ambiental Latinoamérica Sustentable.
Tres de los convenios —uno con Uranium One Group y dos a nombre de Hong Kong CBC Investment Limited— luego dieron paso a dos contratos, según el proceso general que detalló la ex presidenta de YLB.
La Región y Dialogue Earth, aliados de la investigación Litio en Conflicto, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, obtuvieron los dos contratos con sus anexos e informes completos. El análisis de estos documentos, hecho junto con expertos bolivianos en gobernanza de recursos naturales y derechos indígenas, levanta preguntas sobre cuáles son los beneficios económicos de la explotación de litio para Bolivia bajo este esquema, cuáles serán los impactos ambientales y qué ocurre cuando hay traslapes con comunidades indígenas.
Estas preguntas han cobrado fuerza en la campaña electoral por la Presidencia de Bolivia, debido a la fuerte crisis económica y energética que atraviesa el país. Los dos candidatos que van a balotaje este domingo 19 de octubre, el senador Rodrigo Paz y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, prometieron rechazar ambos contratos, aunque coincidieron en que el litio es un recurso que el país debe aprovechar.
¿Cómo llegó Bolivia a acumular convenios cuyo contenido permanece en reserva, mientras se los presenta como la gran promesa para convertir al país en un actor clave de la transición energética global?
En 2021, pocos meses después de asumir la presidencia, Luis Arce dio un giro a la política boliviana del litio. Atrás quedó el tradicional método de evaporación solar para extraer el recurso en piscinas que había impulsado su antecesor, Evo Morales, en el que el Estado invirtió más de 585 millones de dólares. Llegó entonces la apuesta por la extracción directa de litio (EDL), promocionada por su gobierno como una moderna tecnología “que permite incrementar la producción de carbonato de litio en menor tiempo y con mayor sostenibilidad”, según fuentes oficiales.
Para ello, YLB lanzó en abril de 2021 la primera convocatoria dirigida a empresas que cuenten con tecnología de EDL y puedan realizar pruebas piloto con salmueras de los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, según el Ministerio de Hidrocarburos. La segunda convocatoria salió en enero de 2024, “para el aprovechamiento de recursos evaporíticos en condiciones reales de los salares de Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa”, dijo en su momento el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.
“Eran convocatorias con varias fases. Tras seleccionar a las empresas que avanzaban a la primera fase, se les exigió firmar un acuerdo de confidencialidad antes de avanzar a la segunda.En esa etapa debían presentar sus proyectos. Además, se les permitía inspeccionar en terreno. Fue como si les abrieran la puerta del litio”, explicó la legisladora indígena Toribia Lero, representante de la Nación Sura y hoy segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Tal como refiere la congresista, se lee en la convocatoria pública: “se habilitarán a la siguiente fase únicamente las empresas postulantes que hayan cumplido con los requisitos señalados anteriormente y que suscriban un Acuerdo de Confidencialidad”.
Desde que se empezaron a firmar estos documentos bajo el nombre de “convenios”,y evitar así la obligación de que la Asamblea Legislativa tuviera que revisarlos y aprobarlos, la congresista Lero, especializada en derechos indígenas, presentó al gobierno 24 solicitudes de información para conocer su contenido. Una de ellas, enviada en noviembre de 2024, referente al convenio con el consorcio CBC de enero de 2023, apenas fue respondida en abril de este año.
En un informe de una página, que Lero facilitó a esta alianza periodística, la empresa estatal boliviana del litio señala que “el citado convenio [con el consorcio chino CBC] contiene una cláusula de confidencialidad relacionada con la protección directa o indirecta, sobre todos los datos e información técnica existente, suministrada por ambas partes, lo que imposibilita su remisión”. Las otras 23 solicitudes de informes son una por cada empresa que pasó a una tercera etapa tras la segunda convocatoria, de enero de 2024, y otra por otro convenio firmado con Uranium One Group en la primera convocatoria.
En julio de 2025, la congresista volvió a insistir con tales pedidos. Sin embargo, el miércoles 17 de septiembre, varios documentos concernientes a las dos convocatorias públicas y sus resultados que anteriormente figuraban en la página web oficial de YLB, dejaron de estar disponibles sin que la empresa diera alguna explicación pública. Esta alianza periodística los publica acá por considerar que abordan un tema de interés público para la ciudadanía boliviana.
/ANF/
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