La Paz, 26 de enero de 2026 (ANF).- La reactivación de la economía popular en Bolivia atraviesa por cuestionamientos en común para comerciantes, microempresarios y emprendedoras: el acceso al crédito en condiciones justas. Desde distintos sectores productivos se advierte que las altas tasas de interés y la normativa vigente están asfixiando a quienes sostienen el comercio minorista, la pequeña industria y el autoempleo, pilares del movimiento económico cotidiano en Bolivia.
Para el sector gremial, el problema no es la falta de voluntad de pago ni la informalidad, sino una clasificación crediticia que los relega a condiciones desventajosas. Luis Paco, representante del sector gremial de El Alto, sostuvo que “no se puede hablar de reactivación real si los comerciantes seguimos pagando intereses que nos dejan sin margen para volver a levantarnos”.
Según explicó a ANF, hoy un gremial accede a su primer crédito con tasas que llegan al 25%, que recién descienden hasta un 16% tras varios años, mientras que los créditos hipotecarios se mueven entre el 13% y 14%.
Esta situación, afirmó Paco, contrasta de forma directa con el trato que recibe el sector productivo formal. “La propia normativa permite que otros sectores accedan a créditos con intereses del 5% o 6%, pero por cómo está redactada la ley nosotros quedamos fuera”, señaló.
Desde su perspectiva, no se trata de pedir privilegios, sino equidad: una tasa del 8% o 9% para créditos de mercadería permitiría a las familias gremiales reorganizarse económicamente sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema financiero.
El dirigente rechazó además el argumento del “alto riesgo” que suele justificar los intereses elevados. Explicó que los gremiales presentan garantías reales, como propiedades o garantes con bienes inmuebles, además de demostrar ingresos constantes a través de ventas y pago de patentes.
“Tenemos baja mora y somos cumplidos; no se justifica que nos traten como crédito personal caro”, afirmó. Por ello, el sector ya presentó un proyecto de ley que busca crear un marco específico de créditos de fomento para comerciantes minoristas.
Una preocupación similar se extiende entre los micro y pequeños empresarios. Helen Riveros, representante de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), advirtió que las tasas actuales ponen en riesgo la viabilidad misma de las unidades productivas. “Hoy accedemos a créditos productivos con una tasa del 11,5%, cuando hace cuatro años estábamos en el 8%. Es un retroceso”, señaló a ANF.
Riveros describió la relación con la banca como un “mal necesario” debido a que prácticamente no existe microempresario que no dependa del crédito para operar, pero el costo financiero termina absorbiendo una parte importante de las ganancias.
Indicó que una reducción de tasas no solo es un alivio financiero, sino una señal de respaldo estatal a un sector que genera empleo y dinamiza la economía local.
Desde el oriente del país, las mujeres del sector textil enfrentan una realidad que describen como una carrera de obstáculos. Corina Ramírez, representante de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Textileras del Oriente (Ametexo), calificó el acceso al financiamiento como una “odisea”. Denunció que, al igual que otros sectores, deben asumir tasas del 11,5% sin que se reconozca su rol productivo.
“No pedimos que nos regalen nada; somos responsables y pagamos puntualmente nuestros créditos”, enfatizó en contacto con ANF.
Ramírez cuestionó además la falta de espacios de diálogo con el Estado. Afirmó que las políticas económicas suelen construirse escuchando solo a grandes empresarios o sectores agropecuarios, dejando de lado a quienes producen desde talleres, ferias y pequeñas fábricas.
“Somos los verdaderos productores y no estamos en la mesa”, reclamó. En ese sentido, propuso que los recursos de organismos internacionales se destinen a crear plantas de insumos básicos, como fábricas de telas, para reducir la dependencia de importaciones.
La dirigente textil también subrayó la necesidad de fortalecer la industria nacional mediante la promoción de la marca boliviana. Explicó que muchas veces los productores se ven obligados a usar etiquetas extranjeras para poder vender, lo que invisibiliza el trabajo local.
A ello se suma la demanda de apoyo técnico para el mantenimiento de maquinaria y la protección arancelaria frente a la importación masiva de ropa y calzado, que —advirtió— amenaza la subsistencia del sector.
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