La Paz, 3 de marzo de 2026 (ANF).- Las contradicciones en torno al cargamento de billetes siniestrados tras la caída del avión Hércules C-130 en El Alto no solo han generado incertidumbre en la población, sino también un creciente cuestionamiento político. El analista económico Martín Moreira y el representante de los gremiales de El Alto, Luis Paco, coincidieron en que el Gobierno ha trasladado a la población el costo de una posible falta de seguro y de una gestión deficiente.
La crisis comenzó cuando las autoridades informaron que los billetes hallados tras el accidente “no tenían valor legal” porque aún no habían sido monetizados por el Banco Central de Bolivia (BCB). Posteriormente, el ministro de Economía aseguró que el cargamento estaba asegurado, por lo que no existiría pérdida para el Estado. Sin embargo, la suspensión temporal de toda la Serie B de Bs 10, Bs 20 y Bs 50, la publicación de listas de números de serie y la posterior rehabilitación parcial de esos billetes dejaron más dudas que certezas.
Para Martín Moreira, el problema central es la mala comunicación estatal. “La economía de los micro y pequeños empresarios se paralizó varios días por la incertidumbre”, afirmó en contacto con ANF.
Según su análisis, la desconfianza no se limitó a los cortes observados, sino que alcanzó incluso a los billetes de Bs 100 y Bs 200, afectando la credibilidad del sistema financiero y del propio Banco Central de Bolivia (BCB).
Moreira consideró que la anulación de series específicas era la única salida viable, pero criticó que no se haya aplicado de inmediato. “En logística especializada, el dinero viaja paletizado y con códigos registrados; el BCB debía saber desde el primer momento qué series estaban en ese vuelo”, sostuvo. A su juicio, la demora evidencia falta de experticia técnica.
Aunque también evidenció que, en un asalto bancario común, el banco asume la pérdida y la gente no paga el costo. “Aquí se ha generado un mecanismo en el que el ciudadano debe asumir el riesgo”, resumió Moreira.
El analista también cuestionó las cifras oficiales. Recordó que inicialmente se habló de 12 millones de bolivianos transportados, pero luego las series anuladas sumaron alrededor de 40 millones. “Eso genera dudas razonables sobre si realmente se tenía claridad del monto total”, señaló, poniendo en entredicho la transparencia institucional.
La mayor sospecha, sin embargo, apunta al seguro. Aunque el Gobierno aseguró que no habría pérdida para el Estado porque el cargamento estaba cubierto, Moreira afirmó que existen indicios de lo contrario.
“El transporte se realizó en un avión de las Fuerzas Armadas, sin empresas especializadas y supervisadas como establece la normativa. Eso hace presumir que no había una aseguradora privada involucrada”, indicó. Según su lectura, la insistencia oficial en recuperar el dinero “como sea” revelaría la ausencia de cobertura.
Incluso mencionó rumores que circulan en la ciudadanía sobre el destino del vuelo —si llegaba o salía del país—, lo que, en su criterio, incrementa el hermetismo y alimenta la desconfianza. “Cuando la información no es clara, la especulación llena el vacío”, advirtió.
Desde el comercio minorista, Luis Paco describió el impacto inmediato que sufrió su sector. “Las ventas han muerto en zonas como el Puente en El Alto. La gente está más preocupada por revisar números de serie que por comprar”, afirmó. Para el dirigente gremial, el Gobierno trasladó a la ciudadanía una responsabilidad que no le corresponde.
Paco considera inviable que en una transacción cotidiana un comerciante deba consultar listas oficiales para verificar si un billete es válido. “Es demasiado complejo exigirle a la gente que fiscalice manualmente el dinero que recibe. Eso no es práctico ni justo”, sostuvo.
Aunque la Serie B fue rehabilitada oficialmente desde el 2 de marzo, salvo los billetes sustraídos e identificados por número de serie, la desconfianza persiste. En la práctica, muchos comerciantes temen que los bancos perforen y destruyan billetes si detectan coincidencias con las listas difundidas por el BCB.
Para ambos entrevistados, el mensaje oficial resulta contradictorio: primero se afirmó que no había pérdida porque el dinero no estaba monetizado; luego se aseguró que el cargamento estaba garantizado por un seguro; más tarde se suspendió toda una serie; finalmente se restableció su validez parcial.
Frente a esta situación, Paco habla de un “desgaste total” de la imagen gubernamental y vincula esta crisis con otros problemas económicos que golpean a la población.
/FC/
Articulo sin comentarios
