La Paz, 13 de abril de 2026 (ANF).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó este lunes la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento del 20% al haber básico y advirtió que la imposición de un aumento generalizado sería “incongruente, ilegal e inaceptable”, además de representar un riesgo para la estabilidad económica y el empleo en el país.
El ente empresarial sostuvo en un comunicado que el Decreto Supremo 5516 reconoce la negociación salarial entre empleadores y trabajadores por lo que cualquier intento de fijar porcentajes obligatorios vulnera ese principio. En ese marco, recordó que la normativa vigente solo faculta al Gobierno a establecer el salario mínimo nacional, el cual ya fue incrementado en 20%.
La CEPB señaló que, si bien los acuerdos salariales deben respetar los derechos de los trabajadores, también deben considerar factores como la situación económica de las empresas, los niveles de productividad, las diferencias sectoriales y regionales, así como la capacidad real de sostener incrementos sin afectar la continuidad de las unidades productivas.
En su pronunciamiento, el sector privado advirtió que un nuevo incremento generalizado podría provocar el cierre de empresas —especialmente pequeñas y medianas—, la pérdida de empleos, la reducción de contrataciones y presiones inflacionarias que terminarían afectando el poder adquisitivo de la población. Asimismo, alertó que esta medida podría frenar los esfuerzos de reactivación económica y limitar el crecimiento sostenible.
Pese a su rechazo a la propuesta de la COB, la CEPB ratificó su disposición a participar en espacios de diálogo convocados por el Gobierno para abordar políticas laborales orientadas a la generación de empleo, el incremento de la productividad y la formalización de la economía.
Días antes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, ya había calificado como “inviable” el incremento salarial del 20% planteado por la COB, señalando que el debate no debe centrarse únicamente en el salario, sino también en aspectos estructurales como la protección y calidad del empleo en el mediano y largo plazo.
Por su parte, la COB sostiene que su demanda responde a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al incremento del costo de vida, por lo que insiste en que la negociación debe priorizar mejores condiciones salariales.
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