La Paz, 20 de noviembre de 2025 (ANF).- Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), afirmó que la industrialización del litio en Bolivia debe estar supeditada a la previa aprobación de una ley "sólida, transparente y consensuada" entre los departamentos de Potosí y Oruro. La posición de la entidad cívica establece un marco legal como condición inexcusable para cualquier avance en la explotación del recurso evaporítico.
En primer lugar, Pérez enfatizó que la prioridad absoluta es la Ley del Litio, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados y Senadores. Comcipo busca realizar actualizaciones y mejoras a este proyecto legislativo antes de su presentación formal, considerándolo el "punto de partida para el tratamiento de todo el proceso" y destacando que su elaboración debe ser el resultado de un trabajo conjunto histórico entre Potosí y Oruro.
Paralelamente a la discusión legislativa, el líder cívico subrayó la necesidad de cumplir con una serie de condiciones previas a cualquier actividad extractiva. Insistió en la realización de la consulta previa, así como en la ejecución de estudios integrales, considerando de vital importancia los análisis sobre el impacto hídrico y medioambiental que conllevaría la explotación a gran escala.
Respecto a la fase de industrialización, Pérez se mostró crítico con el manejo pasado de las negociaciones. Cuestionó abiertamente que la selección previa de empresas rusas y chinas se realizara mediante "un contrato nomás", un procedimiento que calificó de poco claro. Frente a esto, Comcipo plantea un cambio radical en el enfoque.
Para garantizar transparencia y las mejores condiciones para Bolivia, la institución exige que se lance una licitación internacional abierta para la explotación del litio. Pérez recalcó que la convocatoria debe estar dirigida a cualquier país, "sea China, Rusia, EEUU u otros", sin identificaciones previas, para que la competencia permita seleccionar la oferta más ventajosa.
Las bases de esta licitación, según lo expuesto, deben priorizar la obtención de la mejor seguridad jurídica y social para el país, junto con los réditos económicos más favorables en materia de regalías. Asimismo, la seguridad medioambiental es un pilar no negociable en la evaluación de las propuestas de las empresas inversionistas.
En el ámbito político, Pérez hizo hincapié en el compromiso de transparencia y rendición de cuentas que exigen al Gobierno central. Recordó el acuerdo firmado por el presidente Rodrigo Paz Perera en el libro de actas del comité, donde se estableció la obligación de consultar a Potosí sobre todos los pasos relacionados con la Ley del Litio y su industrialización, un compromiso cuyo cumplimiento vigilarán estrechamente.
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